El abogado constitucionalista Patricio Zapata asumió la defensa del exministro de Hacienda Nicolás Grau frente a la acusación constitucional presentada en su contra, proceso que calificó como una nueva experiencia dentro de una extensa trayectoria en este tipo de procedimientos, en la que asegura haber participado en al menos quince ocasiones.

Zapata explicó que fue contactado directamente por el exsecretario de Estado y sostuvo que su incorporación responde a la experiencia acumulada en materias constitucionales y a una línea argumental que ha mantenido por más de dos décadas, descartando que su militancia en la Democracia Cristiana haya sido un factor determinante para asumir la representación de un exministro del Frente Amplio.

El jurista afirmó que la respuesta al libelo será presentada antes del vencimiento del plazo legal, con el objetivo de participar activamente en las sesiones de la comisión revisora. Añadió que, al no estar Grau en funciones, la defensa no cuenta con el respaldo institucional del Ejecutivo, aunque sí recibe apoyo técnico de profesionales del ámbito económico y jurídico cercanos al exministro.

Respecto del contenido de la acusación, Zapata sostuvo que el documento no logra acreditar una vulneración a la Constitución o a la ley, requisito indispensable para justificar una sanción política de esta naturaleza. A su juicio, las diferencias entre proyecciones fiscales o la falta de coincidencia con informes de organismos especializados no constituyen por sí mismas una infracción legal.

El abogado señaló que ni las observaciones del Fondo Monetario Internacional ni las del Consejo Fiscal Autónomo son vinculantes para el Ministerio de Hacienda, por lo que estimó que la discrepancia entre distintos informes técnicos no puede transformarse en una causal de responsabilidad constitucional.

Consultado sobre el origen político de la acusación, evitó atribuir motivaciones específicas y aseguró que su labor se limita a la defensa jurídica del exministro. Sin embargo, advirtió que una eventual aprobación del libelo podría establecer un precedente riesgoso para futuras administraciones, al exponer a los ministros de Hacienda a sanciones por diferencias en sus estimaciones económicas.

Finalmente, Zapata manifestó que la acusación constitucional debe reservarse para casos de graves infracciones a la Constitución y no para controversias sobre políticas públicas o decisiones técnicas. En ese sentido, sostuvo que la utilización reiterada de este mecanismo podría profundizar un círculo de confrontación política con efectos negativos para la institucionalidad. (NP-ChatGPT-La Tercera)