Un tenso intercambio se produjo este miércoles en la Comisión de Constitución del Senado durante la discusión sobre la nueva propuesta de reforma constitucional en materia de seguridad que preparan los senadores Arturo Squella (Republicanos), Andrés Longton (RN) y Pedro Araya (PPD).

La controversia surgió luego de que la presidenta del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic, cuestionara la forma en que se ha elaborado el texto y negara haber participado en su preparación, pese a que, según planteó, públicamente se había transmitido la existencia de una participación más amplia de los integrantes de la comisión.

La discusión ocurre mientras el Gobierno evalúa retirar su proyecto de reforma constitucional sobre seguridad para facilitar la presentación de una iniciativa parlamentaria que pueda alcanzar mayores consensos. En ese contexto, Squella y Longton comenzaron a trabajar en una propuesta alternativa, inicialmente concebida como un conjunto de indicaciones al proyecto del Ejecutivo.

Vodanovic afirmó que conoció el documento completo recién durante la tarde del martes y sostuvo que no fue invitada a participar en su elaboración. Precisó que su cuestionamiento no apuntaba a que otros senadores prepararan una propuesta, sino a que se señalara que había existido una participación que, en su caso, aseguró que no ocurrió.

La parlamentaria relató que anteriormente había recibido mediante WhatsApp algunos puntos generales de la iniciativa, pero recalcó que aquello no equivalía, a su juicio, a participar en la elaboración de un proyecto de reforma constitucional.

Vodanovic también cuestionó aspectos del contenido. Entre ellos, planteó reparos a la fórmula destinada a establecer regímenes penitenciarios diferenciados, señalando que el borrador se refiere a personas condenadas, pero no resolvería, según su interpretación, la situación de imputados pertenecientes a organizaciones criminales.

Squella respondió que recibió con sorpresa los cuestionamientos y aseguró que las ideas trabajadas junto con Longton siempre tuvieron como objetivo ser puestas a disposición de los demás integrantes de la comisión.

El senador republicano explicó que el texto nació como indicaciones que ambos parlamentarios pretendían presentar al proyecto del Gobierno. La posterior disposición del Ejecutivo a evaluar el retiro de su reforma abrió la posibilidad de convertir ese trabajo en la base de una nueva iniciativa parlamentaria.

Durante ese intercambio, Vodanovic volvió a intervenir cuando Squella se refirió a la posibilidad de que ella decidiera no incorporarse al proyecto. La senadora calificó esa intervención como “mansplaining” y cuestionó que el parlamentario interpretara públicamente su posición.

La presidenta del PS insistió en que una reforma constitucional sobre seguridad requiere una discusión formal dentro de la comisión y manifestó reparos a que parte de las conversaciones se haya desarrollado mediante mensajes privados y encuentros informales.

El presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya, intervino para precisar que el documento enviado a los senadores corresponde a un borrador y no a una versión definitiva. Explicó que el objetivo es recibir observaciones de los integrantes de la instancia e identificar los puntos donde sea posible alcanzar acuerdos.

La senadora Claudia Pascual (PC) también planteó reparos al procedimiento y señaló que, a su juicio, la comisión todavía no ha desarrollado una discusión que permita determinar qué materias resulta necesario incorporar a nivel constitucional para enfrentar los problemas de seguridad y crimen organizado.

Longton, por su parte, sostuvo que el proyecto aún no está terminado precisamente porque sus autores buscan ampliar los consensos antes de ingresarlo formalmente. Agregó que no se ha afirmado que Vodanovic vaya a suscribir la propuesta y que las conversaciones previas buscan establecer puntos de encuentro entre los integrantes de la comisión.

En caso de que esas gestiones no permitan alcanzar un entendimiento, indicó el senador de RN, las diferencias deberán ser discutidas durante la tramitación formal en la Comisión de Constitución.

La controversia se produce mientras continúa sin resolverse definitivamente el futuro del proyecto presentado originalmente por el Ejecutivo. El Gobierno ha manifestado disposición a retirarlo en caso de que exista una propuesta alternativa que aborde las materias de seguridad contempladas inicialmente y que tenga mejores condiciones para avanzar en el Congreso. (NP-ChatGPT-Emol)