La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), llamó al gobierno del Presidente José Antonio Kast a retirar de su reforma constitucional de seguridad la propuesta que crea un nuevo estado de excepción para enfrentar al crimen organizado. La parlamentaria advirtió que, si el Ejecutivo insiste en la medida, esta no contará siquiera con todos los votos oficialistas.

La reforma presentada por La Moneda contempla, entre otras disposiciones, la creación de un nuevo estado de excepción constitucional que permitiría desplegar a las Fuerzas Armadas en sectores considerados críticos, bajo la conducción de Carabineros.

La iniciativa ha provocado cuestionamientos desde la oposición y también dentro de los partidos que respaldan al Ejecutivo. En medio de la controversia, Kast manifestó que el proyecto permanece abierto a modificaciones y que su contenido puede ser perfeccionado durante la discusión legislativa.

En entrevista con 24 Horas, Núñez sostuvo que no considera necesario incorporar un quinto estado de excepción a la Constitución. Según planteó, si el gobierno mantiene esa propuesta, enfrentará una discusión parlamentaria en la que ni siquiera tendría asegurado el respaldo completo de sus propias filas.

La senadora también cuestionó la idea de que La Moneda deba “alinear” a los parlamentarios oficialistas detrás del proyecto. A su juicio, una propuesta que resulta adecuada puede conseguir respaldos tanto entre los legisladores de gobierno como en la oposición, mientras que una iniciativa que genera dudas naturalmente encontrará reparos inicialmente entre quienes deben asumir la responsabilidad de respaldarla.

Por esa razón, Núñez afirmó que la prioridad no debería ser disciplinar a los parlamentarios, sino reconsiderar aquellas disposiciones que no reúnen suficiente apoyo político. En el caso del nuevo estado de excepción, planteó directamente que el Ejecutivo debería retirarlo.

Pese a sus críticas, la presidenta del Senado respaldó la necesidad de avanzar en cambios constitucionales relacionados con la seguridad pública. A su juicio, la Constitución debería establecer con mayor claridad el deber permanente del Estado de garantizar la seguridad, independientemente del gobierno que se encuentre en el poder.

Núñez también responsabilizó al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, por las diferencias que la reforma provocó entre los partidos oficialistas. La parlamentaria sostuvo que el proyecto debió ser socializado con mayor profundidad antes de ingresar al Congreso.

Según explicó, el trabajo prelegislativo no debería limitarse a informar a los parlamentarios sobre las iniciativas que pretende impulsar el Ejecutivo. También debe servir para recoger observaciones, introducir modificaciones, determinar si determinadas propuestas cuentan con respaldo suficiente e incluso postergar aquellas que puedan dificultar el avance del resto de una reforma.

La senadora afirmó que presentar una iniciativa sin realizar previamente ese proceso puede generar situaciones como la actual, en que el Ejecutivo debe enfrentar públicamente reparos provenientes de sus propios aliados.

Finalmente, Núñez recalcó que los parlamentarios oficialistas no están obligados a aprobar cada propuesta presentada por el gobierno por el solo hecho de formar parte de la coalición que lo respalda. En cambio, llamó al Ejecutivo a concentrar sus esfuerzos en aquellas medidas de seguridad capaces de generar acuerdos políticos más amplios. (NP-ChatGPT-La Tercera)