Durante la semana, como era previsible, la acusación constitucional en contra del exministro Grau fue rechazada por el Senado. Probablemente el resultado más trascendente del episodio sea la constatación de la profundidad de la división existente entre las fuerzas que apoyan al gobierno, aquella que el Presidente no hizo nada por evitar al mostrarse totalmente ajeno al tema durante las semanas en que este ocupó a uno de los poderes del Estado. Una ocupación, por cierto, que contrasta con la nula atención que las chilenas y chilenos le concedieron al tema, y con el hecho que esa atención ciudadana siga concentrada, con realismo, en el verdadero tema que consideran acuciante para ellos: la seguridad pública.

Y tienen razón, porque mientras los parlamentarios se entretienen en episodios menores, el crimen organizado, en todas sus múltiples manifestaciones, así como el crecimiento de la delincuencia común que inevitablemente lo acompaña -encerronas, turbazos, asaltos, extorsiones y control territorial de barrios- seguirá expandiéndose en Chile si el Estado no modifica profundamente su forma de enfrentarlo.

Frente a un adversario de esa naturaleza, el desafío central del Estado es recuperar y mantener una superioridad manifiesta sobre las organizaciones criminales. No basta con reaccionar: es indispensable que el Estado disponga de capacidades superiores en inteligencia, tecnología, armamento, recursos financieros, coordinación institucional, número de efectivos, legislación y respaldo ciudadano. La vigencia efectiva del Estado de Derecho depende de que el monopolio legítimo de la fuerza sea también un monopolio de capacidad.

La necesidad de construir esa superioridad ha llevado en nuestro país, inevitablemente, al debate acerca del papel que deben desempeñar las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado. Resulta difícil aceptar que, mientras el Estado libra una batalla desigual contra organizaciones fuertemente armadas y con enormes recursos económicos, una parte importante de su capacidad legítima de empleo de la fuerza permanezca al margen. Lo expresó con crudeza el alcalde socialista de San Bernardo cuando observó que, mientras su comuna enfrentaba una grave crisis de seguridad, podía contemplar unidades militares realizando ejercicios en el interior de sus cuarteles como si la tragedia que vivía la población les fuera completamente ajena.

En ese debate ya abierto, durante la semana que pasó se conoció la opinión del ministro de Defensa Fernando Barros en una columna publicada por El Mercurio y luego en una entrevista en Teletrece radio. En ellas reiteró el reclamo que desde las FF.AA. se hace con relación al tema cada vez que éste se plantea: la colaboración de éstas en el combate a la actividad criminal debe tener un marco normativo claro definiendo las competencias, medios materiales y ámbitos en que pueda materializarse. Es una opinión valiosa, porque releva la importancia y el compromiso del gobierno con el tema, pero no plantea un punto de vista que parezca reconocer que la realidad actual es una que no demanda sólo de la colaboración excepcional de las Fuerzas Armadas con las instituciones policiales, sino que exige de éstas un marco legal, un alistamiento y una cultura que no es ya excepcional -como no es excepcional el fenómeno del crimen organizado como muestran experiencias de otros países de la región- sino que estructural.

En realidad, no deja de sorprender que, en el debate actual, tanto quienes respaldan la idea de la incorporación de las FF.AA. a esa tarea como quienes la rechazan tiendan a razonar desde categorías, tradiciones jurídicas o institucionales concebidas para un escenario que simplemente ya no existe. El verdadero problema no es si queremos o no “militares en la calle”. Lo que Chile necesita definir es en qué condiciones podrían las Fuerzas Armadas colaborar de manera estructural en tareas de seguridad. El verdadero desafío es superar instituciones del Estado chileno que fueron diseñadas para enfrentar amenazas características del siglo XX y hoy deben responder a amenazas propias del siglo XXI.

Durante décadas existió una separación relativamente clara entre la defensa nacional y la seguridad interior. Las Fuerzas Armadas protegían al país frente a amenazas externas; las policías combatían la delincuencia interna. Ese diseño era plenamente racional mientras las amenazas respondían a esa lógica. Pero el crimen organizado transnacional ha desdibujado esas fronteras y opera de maneras que trascienden completamente las capacidades para las cuales fueron concebidos nuestros organismos de seguridad.

En consecuencia, lo que Chile necesita no es simplemente ampliar las funciones de una u otra institución o sólo ampliar el número de efectivos, sino comenzar a construir un nuevo modelo de seguridad. La creación del Ministerio de Seguridad Pública constituye un primer paso importante, como también lo ha sido la proposición del presidente de la República en la reciente Reunión Cumbre de Mercosur en Paraguay, relativa a la necesidad de una cooperación regional e institucionalizada para enfrentar al crimen organizado. Pero todo ello será insuficiente si no va acompañado de una transformación cultural.

Durante demasiado tiempo Carabineros y la Policía de Investigaciones funcionaron como compartimientos estancos y casi competidores, más preocupados de preservar espacios propios que de integrar capacidades. Esa lógica debe desaparecer. Al mismo tiempo, Carabineros debe abandonar el celo con que tradicionalmente ha defendido la exclusividad de muchas de sus funciones. La seguridad ciudadana contemporánea supone necesariamente una participación complementaria de municipios, seguridad privada, organizaciones vecinales y policías municipales debidamente reguladas. Persistir en monopolios funcionales -como la regulación cotidiana del tránsito urbano- significa distraer recursos policiales que deberían concentrarse en combatir la criminalidad compleja.

Y las Fuerzas Armadas también deberían revisar sus paradigmas. Hasta ahora han sostenido que no fueron creadas ni entrenadas para cumplir funciones policiales y que carecen de un marco jurídico suficientemente claro para hacerlo. El argumento es válido, pero no puede transformarse en una razón para excluir indefinidamente una de las principales capacidades del Estado de la confrontación contra la amenaza más grave que hoy enfrenta el país. Porque la seguridad nacional ya no depende exclusivamente de amenazas provenientes del exterior. También puede verse gravemente afectada por organizaciones criminales capaces de disputar el control territorial, erosionar las instituciones democráticas, corromper autoridades y sembrar el miedo entre la población. Cuando ello ocurre, la frontera entre seguridad pública y seguridad nacional comienza inevitablemente a desvanecerse.

Prepararse para esa realidad significa reconocer que el escenario estratégico cambió y que el Estado debe cambiar con él. Éste es probablemente uno de los grandes debates estratégicos que Chile deberá enfrentar durante la próxima década y exige una mirada de futuro y un compromiso transversal de todas las organizaciones políticas y de las propias Fuerzas Armadas. La pregunta no es si debemos preservar intactas instituciones concebidas para otro tiempo. La verdadera pregunta es si seremos capaces de transformarlas antes de que las nuevas amenazas terminen por desbordarlas. (El Líbero)

Álvaro Briones