Una fuerte polémica generaron las declaraciones del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien defendió la aceleración de permisos de inversión frente a la protección ambiental. La autoridad afirmó que la administración no se equivocará al “priorizar 100 mil empleos frente a tres arbolitos”, lo que gatilló críticas inmediatas desde sectores de oposición y especialistas en derecho medioambiental.
En este contexto, el Ejecutivo formalizó un decreto presidencial destinado a resolver 51 recursos de reclamación pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA). La medida busca destrabar proyectos que, pese a contar con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), permanecen paralizados por trámites administrativos. Según cálculos del Gobierno, estas iniciativas representan una inversión estancada de más de 16.000 millones de dólares en sectores mineros, energéticos e industriales.
Desde el Congreso, las reacciones no se hicieron esperar. El diputado Jaime Mulet (FRVS) reconoció que existen retrasos excesivos en áreas como la arqueología, pero advirtió que la rapidez no puede comprometer la naturaleza. Por su parte, el diputado Cristián Tapia enfatizó que la necesidad de empleo no debe significar “hipotecar el agua”, asegurando que el desarrollo industrial y el cuidado del entorno pueden coexistir si se mantienen los estándares adecuados.
En paralelo a esta controversia, el Ministerio del Medio Ambiente anunció este sábado la suspensión temporal del proceso para definir sitios prioritarios para la biodiversidad. La cartera explicó que esta pausa es necesaria para analizar cerca de 10 mil observaciones técnicas y jurídicas recibidas durante la consulta pública de la Ley N°21.600. El objetivo, según la institución, es fortalecer los criterios metodológicos del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) antes de retomar el procedimiento.
medioambiente, economía, minería, inversión, empleo, biodiversidad, política