Las tratativas para elaborar una nueva reforma constitucional en materia de seguridad profundizaron las diferencias al interior de la oposición, luego de que los comités del Socialismo Democrático y de la DC, PC, FREVS y Frente Amplio rechazaran estar representados en las conversaciones desarrolladas por un grupo de senadores.

El jefe del comité que reúne al PS, PPD y Partido Liberal, Juan Luis Castro (PS), afirmó que el Socialismo Democrático no ha participado institucionalmente en la elaboración de una propuesta alternativa y aseguró que el senador Pedro Araya (PPD), pese a presidir la Comisión de Constitución, no representa a la bancada en esas gestiones.

“El Socialismo Democrático en esto no ha tenido ni tiene un rol”, sostuvo Castro, quien también descartó que el sector haya estado representado en las conversaciones realizadas en Cerro Castillo.

El senador socialista señaló que cualquier participación individual en la redacción de un proyecto alternativo corresponde a iniciativas personales y no cuenta necesariamente con el respaldo del comité. Sus declaraciones apuntaron a las conversaciones que han mantenido Araya y los senadores Arturo Squella (Republicanos) y Andrés Longton (RN) en torno a un nuevo texto.

El vicepresidente del PPD, Ricardo Celis, coincidió con esa posición y sostuvo que la prioridad del comité es que el Ejecutivo retire la reforma constitucional que actualmente se encuentra en discusión. Según planteó, cualquier iniciativa posterior deberá ser analizada mediante una conversación más amplia dentro del Socialismo Democrático y de la oposición.

“No aceptamos que alguien nos represente sin preguntarnos”, afirmó Celis, quien agregó que el Ejecutivo no ha desarrollado conversaciones formales con el comité sobre una propuesta alternativa.

El denominado Comité Unido, integrado por la DC, PC, FREVS y Frente Amplio, también manifestó reparos y señaló que no está disponible para respaldar automáticamente una nueva reforma constitucional, incluso si el Gobierno decide retirar su iniciativa original.

La jefa de esa bancada, Yasna Provoste (DC), expresó además dudas respecto de que el Ejecutivo concrete finalmente el retiro anunciado. La senadora sostuvo que el Gobierno debería concentrar sus esfuerzos en la gestión de las herramientas existentes para mejorar la seguridad, fortalecer el trabajo policial y apoyar a los municipios.

Provoste recordó que durante la administración anterior fueron aprobadas más de 70 leyes relacionadas con seguridad y argumentó que el desafío actual pasa, a su juicio, por hacer más efectiva su aplicación.

La subjefa del comité, Claudia Pascual (PC), reiteró su rechazo al proyecto presentado por el Ejecutivo y cuestionó disposiciones que, según su interpretación, podrían afectar libertades individuales y derechos políticos, además de los criterios contemplados para establecer nuevos estados de excepción.

Pascual, integrante de la Comisión de Constitución, explicó que recibió por WhatsApp antecedentes de la propuesta que estaban preparando Squella y Longton, pero afirmó que nunca consideró ese intercambio como una negociación formal. También señaló que comunicó al ministro de Justicia, Fernando Rabat, que la posición de su comité era no tramitar la reforma gubernamental.

La senadora cuestionó además el procedimiento utilizado para abordar una modificación constitucional de esta naturaleza y sostuvo que recibir informalmente una propuesta no equivale a participar en su elaboración.

Pedro Araya respondió posteriormente a las críticas y afirmó que las conversaciones sobre una nueva iniciativa habían considerado la necesidad de alcanzar acuerdos en materias como el régimen penitenciario. También mencionó el trabajo realizado previamente por la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, en propuestas relacionadas con cárceles.

La controversia se suma al enfrentamiento registrado durante la sesión del miércoles de la Comisión de Constitución. En esa instancia, Vodanovic cuestionó la forma en que conoció los antecedentes de la propuesta alternativa y sostuvo que haber recibido previamente algunos puntos mediante WhatsApp no significaba haber participado en la elaboración de un proyecto.

Squella respondió que desde el comienzo existió la intención de poner la propuesta a disposición de los distintos integrantes de la comisión, afirmación que fue rechazada por Vodanovic.

El debate deja abierta la definición sobre el futuro de la reforma presentada por el Gobierno y sobre la posibilidad de que prospere un texto alternativo. Las distintas bancadas opositoras han condicionado cualquier discusión posterior a una deliberación formal dentro de sus respectivos comités, mientras el Ejecutivo evalúa el curso de su iniciativa original. (NP-ChatGPT-La Tercera)