Los partidos de oposición definieron una serie de prioridades legislativas en materia de seguridad y reiteraron sus cuestionamientos a la reforma constitucional presentada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, pese a que el Ejecutivo resolvió reducir la urgencia de su tramitación.

Los planteamientos fueron recogidos en una minuta elaborada por abogados y distribuida durante la habitual reunión de coordinación de las fuerzas de izquierda. El documento identifica los principales reparos a la reforma y propone una estrategia legislativa alternativa para enfrentar el crimen organizado.

Según el análisis, la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) impulsada por el Ejecutivo dejaría fuera materias relevantes, entre ellas el combate al tráfico de armas y municiones y la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por organizaciones criminales.

La oposición también advierte la ausencia de medidas suficientes para fortalecer las capacidades del Ministerio Público y de la Fiscalía Supraterritorial, modernizar el sistema penitenciario, ampliar la infraestructura carcelaria y perseguir los recursos financieros vinculados con organizaciones delictuales.

Entre sus prioridades, el sector propone avanzar en el sistema de inteligencia económica y establecer mecanismos de acceso a información bancaria bajo causales específicas. También plantea impulsar una agencia dedicada al decomiso y administración de bienes provenientes de actividades ilícitas, incluyendo la posibilidad de destinar inmuebles incautados a municipios y organizaciones comunitarias.

El documento considera además fortalecer el control y trazabilidad de armas y municiones, incluyendo los arsenales institucionales, junto con establecer mecanismos de financiamiento para la seguridad municipal que consideren los niveles de victimización de cada territorio.

Otra de las prioridades corresponde al control de puertos y fronteras, junto con programas de prevención y reinserción que cuenten con financiamiento verificable. Asimismo, se propone establecer por ley regímenes penitenciarios diferenciados y crear fuerzas de tarea para intervenciones específicas bajo conducción del Ministerio Público.

La minuta incorpora también una perspectiva de género en las políticas de seguridad, con medidas para controlar el acceso a armas en contextos de violencia intrafamiliar y reforzar la protección de mujeres, niñas y adolescentes en territorios afectados por organizaciones criminales.

En materia de infancia, los partidos opositores buscan priorizar políticas destinadas a impedir que niños y adolescentes sean captados por grupos delictuales, complementadas con programas de protección y reinserción juvenil.

Varias de estas iniciativas ya se encuentran en distintas etapas de tramitación en el Congreso. La oposición sostiene que el debate central no debería concentrarse únicamente en una modificación constitucional, sino en construir una política integral de seguridad.

Respecto de la reforma impulsada por La Moneda, la minuta cuestiona que se incorporen a la Constitución materias que, a juicio de sus autores, deberían regularse mediante leyes. También advierte sobre una eventual superposición de atribuciones entre los distintos organismos responsables de la seguridad pública.

Uno de los principales reparos apunta al nuevo estado de excepción propuesto por el Ejecutivo. La oposición cuestiona la posibilidad de establecer facultades extraordinarias por períodos prolongados y sostiene que este tipo de instrumentos debería reservarse para circunstancias excepcionales y transitorias, mientras que el crimen organizado constituye un fenómeno permanente que requiere herramientas institucionales de largo plazo.

Junto con su estrategia parlamentaria, las fuerzas opositoras evalúan desplegar a legisladores y alcaldes en distintos territorios para presentar sus propuestas de seguridad, en paralelo a los diálogos ciudadanos promovidos por el Gobierno. (NP-ChatGPT-Emol)