Parlamentarios de oposición anunciaron que analizarán diversas acciones fiscalizadoras, entre ellas la creación de una comisión especial investigadora e incluso una eventual acusación constitucional, luego de que la Contraloría General de la República concluyera que la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, excedió sus atribuciones al solicitar información a la Policía de Investigaciones sobre funcionarios vinculados a una investigación penal en curso.

El diputado Raúl Leiva afirmó que el dictamen establece que la exsecretaria de Estado actuó fuera del marco legal y vulneró el deber de abstención al intervenir en una causa relacionada con funciones que anteriormente desempeñó como fiscal. A su juicio, los antecedentes configuran una infracción grave al principio de juridicidad y anunció que la bancada del Partido Socialista evaluará las responsabilidades políticas y administrativas que correspondan.

En la misma línea, el diputado Patricio Pinilla sostuvo que el pronunciamiento de la Contraloría confirma que la exministra solicitó antecedentes que excedían sus facultades legales y planteó la necesidad de que el Gobierno entregue una señal clara para impedir que situaciones similares vuelvan a repetirse. El parlamentario indicó que entre las alternativas a estudiar se encuentran una comisión investigadora o una eventual acusación constitucional.

El diputado Jaime Araya calificó los hechos como de especial gravedad y señaló que corresponde analizar el uso de las herramientas constitucionales disponibles, aunque enfatizó que cualquier decisión deberá adoptarse con responsabilidad institucional y sin instrumentalizar los mecanismos de control parlamentario.

Desde el Senado, Iván Flores sostuvo que el dictamen ratifica las advertencias que, según afirmó, distintos parlamentarios formularon desde el inicio de la gestión de Steinert respecto de los límites de sus atribuciones. El legislador indicó que la exministra no estaba facultada para requerir antecedentes relacionados con investigaciones penales específicas.

Por su parte, la diputada Tatiana Urrutia emplazó al Presidente José Antonio Kast a pronunciarse sobre el dictamen y señaló que la situación también compromete la conducción política del Gobierno. Añadió que junto a legisladores de distintas bancadas se evaluarán las acciones que puedan impulsarse en el Congreso.

El diputado Jorge Brito, en tanto, sostuvo que los antecedentes conocidos ameritan revisar eventuales responsabilidades administrativas de la exministra y cuestionó la gestión del Ejecutivo en materia de seguridad pública, afirmando que el cumplimiento del marco legal debe ser una condición esencial para quienes ejercen funciones de gobierno. (NP-ChatGPT-Emol)