Dirigentes de la oposición intensificaron sus cuestionamientos al proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el Presidente José Antonio Kast, acusando que la iniciativa tendría un carácter tributario encubierto y favorecería principalmente a los sectores de mayores ingresos.

Las críticas han sido lideradas por partidos de centroizquierda, parlamentarios y alcaldes, quienes advierten que algunas medidas —como la eliminación de contribuciones a la primera vivienda para adultos mayores— podrían afectar el financiamiento municipal, poniendo en riesgo el Fondo Común Municipal.

Ante el inminente ingreso del proyecto al Congreso, la oposición se encuentra en etapa de coordinación para analizar su contenido y definir una estrategia común. En ese contexto, no se descarta recurrir al Tribunal Constitucional, argumentando eventuales vicios de inconstitucionalidad por la diversidad de materias que incluiría la iniciativa.

Desde la Democracia Cristiana, su presidente Álvaro Ortiz planteó que el proyecto podría mezclar indebidamente temas de reconstrucción con reformas tributarias, lo que dificultaría su tramitación. En la misma línea, el diputado Raúl Soto indicó que evaluarán el texto una vez ingresado para determinar si cumple con los estándares constitucionales.

Frente a estas advertencias, el ministro José García Ruminot se mostró confiado en la legalidad del proyecto, señalando que no sería la primera vez que el Congreso tramita iniciativas con múltiples materias.

La oposición, además, ha iniciado una serie de reuniones con economistas y centros de estudio para analizar el impacto del plan, junto con buscar coordinación con otras fuerzas políticas, como el Partido de la Gente, con el objetivo de articular una postura común.

No obstante, al interior del bloque existen matices, con algunos sectores abiertos al diálogo y otros más críticos. En paralelo, el Ejecutivo enfrenta el desafío de asegurar apoyos suficientes en la Cámara de Diputados, donde necesita pocos votos adicionales para alcanzar la mayoría.

El debate se perfila así como uno de los principales focos de tensión política en las próximas semanas, con implicancias tanto legislativas como institucionales. (NP-ChatGPT-Emol)