La denominada “Operación Tokyo”, investigación que permitió desarticular una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua, volvió a poner bajo escrutinio los mecanismos de control del sistema financiero chileno y la eficacia de los organismos encargados de prevenir este tipo de delitos.

La indagatoria del Ministerio Público detectó una estructura que habría movilizado cerca de US$80 millones a través de distintas cuentas bancarias en Chile. Según los antecedentes conocidos, uno de los involucrados sería un ejecutivo del Banco Santander con varios años de trayectoria en la institución, quien habría participado en operaciones que también involucraron a otras entidades financieras.

El caso abrió interrogantes respecto de la capacidad de los bancos para identificar movimientos inusuales, activar alertas internas y reportar oportunamente operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), organismo especializado en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

La UAF es un servicio público descentralizado dependiente del Ministerio de Hacienda, creado en 2003 con el objetivo de impedir que el sistema financiero y otros sectores económicos sean utilizados para canalizar recursos provenientes de actividades ilícitas. Su función principal consiste en recibir, analizar y procesar información financiera, remitiendo antecedentes al Ministerio Público cuando detecta indicios de posibles delitos.

El modelo de prevención descansa en los denominados “sujetos obligados”, entre los que se encuentran bancos, notarios, casinos, inmobiliarias y diversas empresas que deben monitorear operaciones de sus clientes y reportar aquellas que resulten inusuales o sospechosas. A partir de esos antecedentes, la UAF desarrolla labores de inteligencia financiera y coordinación con organismos nacionales e internacionales.

La magnitud de la operación detectada generó cuestionamientos sobre la efectividad de los controles existentes. Hasta ahora no se ha informado públicamente qué alertas fueron activadas por las instituciones involucradas ni si las operaciones investigadas derivaron en reportes de operaciones sospechosas enviados a la UAF.

El caso también reactivó una discusión sobre las competencias de los organismos fiscalizadores. Desde distintos sectores se ha planteado que la supervisión de los riesgos de lavado de activos corresponde a la UAF, mientras que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) mantiene atribuciones relacionadas con la supervisión del funcionamiento de bancos y otras entidades financieras.

Expertos consultados en el debate sostienen que operaciones de gran escala, desarrolladas simultáneamente en diversas instituciones financieras, deberían generar señales de alerta temprana. Sin embargo, también advierten que existen diferencias respecto de los alcances de las facultades de cada organismo y de los mecanismos de coordinación entre ellos.

Desde la industria financiera han surgido además críticas relacionadas con la retroalimentación que entrega la UAF sobre los reportes recibidos. Algunos actores estiman que una mayor orientación respecto de los antecedentes más relevantes permitiría mejorar la calidad y eficacia de los informes elaborados por las entidades obligadas.

Otro punto de discusión apunta al régimen sancionatorio vigente. Especialistas en cumplimiento normativo consideran que las multas contempladas para infracciones en materia de prevención de lavado de activos podrían resultar insuficientes para generar un efecto disuasivo acorde con los estándares internacionales promovidos por organismos como la OCDE.

Asimismo, representantes del sector financiero advierten que la legislación actual enfrenta desafíos para adaptarse a nuevos actores del ecosistema de pagos y a las crecientes necesidades de intercambio de información orientada a la prevención del fraude y otros delitos económicos.

Mientras la investigación continúa avanzando, el caso ha reinstalado el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión, mejorar la coordinación entre organismos públicos y privados, y revisar las herramientas legales disponibles para enfrentar estructuras criminales cada vez más sofisticadas. (NP–ChatGPT-Emol)