En Chile “se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos”. Esa fue una de las conclusiones realizadas por la misión que envió la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a Chile para analizar las denuncias sobre la materia en nuestro país tras el estallido social que se inició el pasado 18 de octubre.
De acuerdo al informe entregado este viernes, “hay razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos”.
Agregó que “estas violaciones incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias. Estas violaciones se cometieron en todo el país, pero su gran mayoría ocurrió en la Región Metropolitana y en contextos urbanos”.
El documento destaca “el uso indebido de armas menos letales y los malos tratos, son reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y las víctimas”.
El informe afirma que “las manifestaciones que han tenido lugar en Chile desde mediados de octubre tienen sus raíces en una multiplicidad de causas, incluyendo la desigualdad social y económica. Desde mediados de octubre, la mayoría de quienes han ejercido el derecho a la asamblea pacífica lo han hecho de manera pacífica. Sin embargo, han habido numerosos ataques contra miembros de las fuerzas de seguridad y sus instalaciones”.
PERDIGONES CON PLOMO
Respecto a la actuación de agentes policiales destacó que “la gestión de asambleas por parte de Carabineros se ha llevado a cabo de manera fundamentalmente represiva. Carabineros ha incumplido, de forma reiterada, con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y personas que se manifestaban pacíficamente. Carabineros utilizó fuerza no letal cuando la manifestación fue pacífica, con el objetivo aparente de dispersar la manifestación o evitar que los participantes llegaran al punto de reunión”.
Añadió que “hay razones fundadas para sostener que ha habido un uso desproporcionado y a veces innecesario de armas menos letales, en particular escopetas antidisturbios pero también gases lacrimógenos, utilizados a corta distancia. El uso indebido e indiscriminado de armas menos letales se observó tanto durante manifestaciones pacíficas como en el contexto de enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, especialmente por parte de Carabineros”.
“El número alarmantemente alto de personas con lesiones en los ojos o la cara da cuenta de esta grave violación. Preocupa en particular la utilización de perdigones que contienen plomo”, aseguró el informe.
Dentro de las conclusiones también manifiesta que preocupa que los “casos de lesiones oculares continuaron reproduciéndose, pese a la existencia, desde la etapa inicial de las protestas, de información relacionada con el impacto causado por armas menos letales. Las medidas adoptadas por parte de las autoridades no fueron eficaces, expeditas y oportunas para minimizar el riesgo para las personas”.
El informe aseveró que la misión documentó “cuatro casos de privaciones arbitrarias de la vida y muertes ilícitas que involucran a agentes del Estado”. Además, “la información recopilada indica que hubo numerosas detenciones indiscriminadas que podrían ser consideradas arbitrarias a la luz de las normas internacionales (…) Un gran número de personas arrestadas y detenidas fueron maltratadas. Algunos de estos casos, incluidos los de violencia sexual, simulación de ejecuciones y amenazas de que las personas serían ‘desaparecidas’, equivalen a tortura. Muchos de estos 32 casos ocurrieron en lugares sin cámaras de vigilancia y con los perpetradores no debidamente identificados”.
ABUSOS CONTRA MENORES
La misión sostuvo, además, que “las mujeres, las niñas y las personas LGBTI han sufrido formas específicas de violencia sexual (incluida la desnudez forzada), principalmente relacionadas con las detenciones. También se han documentado casos graves de violencia sexual contra hombres y adolescentes”.
“Adolescentes y jóvenes constituyen la mayoría de las presuntas víctimas de violaciones a los derechos humanos y se han visto especialmente afectados. Estudiantes, incluyendo líderes estudiantiles, han sido hostigados o atacados debido a su papel en las protestas (…) Muchas personas se han visto profundamente afectadas por los acontecimientos ocurridos durante este período, en particular en términos de su salud mental. Niñas, niños, adolescentes y ancianos se han visto particularmente afectados”, agregó.
La oficina de la alta comisionada subrayó que “las instituciones autónomas de derechos humanos, en particular el INDH y la Defensoría de la Niñez han llevado a cabo de manera efectiva y oportuna su labor de protección a los derechos humanos. Sin embargo, las personas defensoras de los derechos humanos, incluido el personal del INDH, periodistas y las y los trabajadores de la salud han sufrido restricciones a su trabajo, así como represalias por el desempeño de sus funciones”.
Al organismo le preocupa “el bajo número de formalizaciones contra presuntos autores de violaciones a los derechos humanos, pese al gran número de denuncias y acciones judiciales. Preocupa también la falta de información pública por parte de las fuerzas de seguridad sobre las acciones que han sido adoptadas para garantizar la rendición de cuentas”.
“Distintas instituciones han adoptado medidas para garantizar la investigación de violaciones a los derechos humanos, para asegurar el acceso a abogados de los detenidos, el acceso a servicios para víctimas y para proporcionar información completa, regular y accesible al público. Los tribunales han emitido fallos para proteger a las personas que ejercen sus derechos, incluida la reunión pacífica”, manifestó.
La alta comisionada dela ONU para los Derechos Humanos “reconoce al Gobierno de Chile su amplia cooperación, incluyendo el diálogo franco mantenido, la extensa información recibida y el acceso irrestricto a todos los lugares que solicitó visitar”.
RESPUESTA DEL GOBIERNO
A través de un escrito, el Gobierno respondió al informe entregado este viernes por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) a raíz de los hechos registrados en el país durante la crisis social, documento donde el organismo liderado por la ex Presidenta Michelle Bachelet, señaló que en Chile «se han producido un elevado número de violaciones graves a los DD.HH.»
Desde el Ejecutivo señalan que «tomamos debida nota, cuyas recomendaciones acogemos y estudiaremos con particular atención«. Asimismo, agregan que «es necesario precisar y aclarar una serie de afirmaciones y conclusiones que, a juicio del Gobierno, no están adecuadamente representadas o contienen información errada».
En ese contexto, el Gobierno asegura que «en algunos casos, el informe afirma la existencia de violaciones de derechos humanos antes de que concluyan las investigaciones en curso, en el marco del Estado de Derecho y la institucionalidad democrática del país».
«En ese sentido, el Gobierno reitera la importancia de validar las fuentes de información, pues se han corroborado un gran número de noticias falsas profusamente divulgadas pese a ser descartadas por el Ministerio Público o los Tribunales de Justicia«, agrega.
No obstante, el Ejecutivo «agradeció» al organismos por «la celeridad con la que concretó su visita y por la disposición que tuvo su Misión para recabar informaciones, tanto del Gobierno como de la sociedad civil».
PRECISIONES DEL GOBIERNO
Entre los temas que precisa La Moneda están, por ejemplo, lo que respecta a las personas fallecidas en medio de la crisis social. «En relación a la afirmación de 26 muertes ocurridas en el contexto de las protestas, cabe señalar que de esas 4 podrían atribuirse a agentes del Estado, tal como lo señala el informe. Los demás casos corresponden a fallecimientos atribuibles a otras causas, la mayoría de los cuales ocurrieron en el contexto de saqueos e incendios y no tienen relación alguna con las manifestaciones pacíficas. Todos los cuales están siendo investigados por el Ministerio Público».
Otro tema que es parte de las menciones hechas por La Moneda es lo relacionado a las lesiones oculares y donde se rebate que el «informe no incluye las cifras entregadas por el Ministerio de Salud, proporcionadas por la Unidad Trauma Ocular del Hospital El Salvador».
«Entre el 18 de octubre y 02 de diciembre se han atendido a 239 pacientes, de los cuáles 16 han sufrido pérdida total de la visión un ojo y 75 tienen visión normal. 148 pacientes están en evaluación de recuperabilidad. Adicionalmente, el Gobierno lamenta profundamente el caso de dos personas que han perdido completamente la visión en sus dos ojos», agrega la respuesta.
Además, señala que «no corresponde» utilizar la figura de ejecuciones extrajudiciales en «un país donde funciona plenamente el Estado de Derecho, pretendiendo involucrar a dos agentes del Estado imputados como autores del delito de homicidio y cuya investigación está en manos del Ministerio Público. Sólo se establecerá su veracidad en la sentencia judicial correspondiente».
21 RECOMENDACIONES DE ONU
Es ante las conclusiones que alcanzó la misión enviada por la alta comisionada, Michelle Bachelet, la cual recorrió siete regiones, además de comisarías, cárceles y hospitales, que se realizaron más de una veintena de sugerencias para abordar la situación y evitar su repetición. La primera evaluación se debería dar en tres meses.
1. Asegurar que las personas puedan, durante las manifestaciones, ejercer sus derechos de reunión pacífica y a la expresión, sin restricciones ni riesgos innecesarios y desproporcionados.
2. Garantizar que las fuerzas del orden público sigan estrictamente las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, además de emplear métodos no violentos antes de recurrir a armas menos letales. Aquello último siempre acorde a normas internacionales.
3. Poner fin de inmediato al uso indiscriminado de escopetas antidisturbios para controlar las manifestaciones. Estas deben utilizarse solo con munición. Este punto está enfocado netamente en Carabineros, respecto quienes se sugiere adoptar medidas para asegurar la supervisión civil y el monitoreo independiente de sus actividades; y garantizar que se utilice una identificación adecuada -tanto cintas con nombres e identificaciones en los vehículos-.
4.- Así también, fortalecer los sistemas de registros de detención para recopilar la información de forma íntegra, oportuna y desglosada. Estos datos, además, deben ser fácilmente accesible para las instituciones autónomas de DD.HH.y debe considerar controles de identidad.
5.- Se incluye que los policías reciban capacitación de vanguardia -incluyendo una perspectiva de género- sobre el uso de medios no violentos; además de incluir en sus regulaciones internas medidas específicas de protección para personas y grupos discriminados.
6. Asegurar que el mantenimiento de la seguridad ciudadana esté primariamente reservado a los cuerpos policiales civiles, mientras que, de requerirse intervención militar, que esta sea temporal y restringida, subordinada, regulada y fiscalizada.
7. Constatar que las fuerzas de seguridad adopten medidas para garantizar la rendición de cuentas con relación a las violaciones de DD.HH. y reconozcan estas violaciones.
8. Que se cumpla el deber del Estado de investigar todas las denuncias de violaciones a los DD.HH., y ponderar medidas para acelerar dichas indagatorias.
9. Que no haya impedimentos procesales para determinar la responsabilidad penal individual, como la defensa de la obediencia a órdenes de superiores. Los responsables deben ser juzgados y castigados de forma proporcional, mientras que presuntos autores deberían ser suspendidos durante el tiempo de investigación.
10. Asegurar que las víctimas de violaciones de DD.HH. tengan acceso a un recurso fácil, rápido y efectivo en forma de procedimientos penales, civiles, administrativos o disciplinarios. Así, se les protegerá contra la intimidación y las represalias. También deben tener acceso a asistencia legal sin ningún tipo de cargo.
11. Establecer un mecanismo para recopilar, sistematizar y hacer pública la información sobre las violaciones a los DD.HH., que contenga investigación y sanciones.
12. Adoptar las medidas necesarias para asegurarse que no ocurran violaciones de DD.HH. en el contexto de manifestaciones.
13. Fortalecer las capacidades del Servicio Médico Legal, ministerios especializados y otro tipo de personal médico, en relación con los protocolos de Estambul y Minnesota.
14. Asegurar que todos los detenidos estén sujetos a exámenes médicos después de su arresto, estableciéndose procedimientos conformes con el protocolo de Estambul. El sistema de atención de la salud debe mantener un registro de las lesiones identificadas como compatibles con la tortura o los malos tratos.
15. Asegurar de que las personas defensoras de los DD.HH., periodistas, así como personas que brindan asistencia en el contexto de las manifestaciones, puedan llevar a cabo su trabajo sin restricciones ni temor a represalias.
16. Adoptar medidas para asegurar que el derecho penal no se utilice de ninguna manera para restringir a quienes ejercen sus derechos a reunirse pacífica y libremente. Las autoridades deben abstenerse de dichos que puedan, de alguna forma, criminalizar la protesta.
17. Establecer un mecanismo de múltiples partes interesadas para identificar las causas estructurales de las protestas, y recomendar acciones para abordarlas.
18. Asegurar que el INDH y la Defensoría de la Niñez cuenten con los recursos adecuados para cumplir su mandato de manera efectiva.
19. Asegurar que el proceso de elaboración de una nueva Constitución sea inclusivo, participativo y transparente, incluso garantizando la paridad de género -50% mujeres, 50% hombres-durante el proceso, y la participación de los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad.
20. Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
21. Establecer un mecanismo de seguimiento, con la oficina regional de la ACNUDH, e incluir la participación de la sociedad civil, para evaluar, dentro de tres meses, la implementación de las recomendaciones anteriores, así como las de otros mecanismos internacionales de derechos humanos. (La Nación-Emol)
Informe Completo de la misión de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
