El organismo especializado en trabajo de la ONU validó una acción legal presentada el 15 de julio por la Asociación de Contratistas Forestales AG (Acoforag) contra Chile, por presunto incumplimiento del Convenio 187 sobre condiciones fundamentales de protección y salud en el trabajo.
El 22 de diciembre, la OIT no solo ratificó el reclamo, sino que también aprobó la creación de un “Comité Tripartito de Conciliación Voluntaria”, tal como lo impulsó Acoforag, y notificó esta resolución a las autoridades chilenas.
El gerente de Acoforag, René Muñoz, explicó que la medida responde a la “persistente acción de grupos terroristas en la Macrozona Sur”, que afecta directamente el bienestar y la seguridad de los trabajadores forestales.
Según Muñoz, pese a cifras oficiales optimistas, en 2025 se han registrado la misma cantidad de atentados que en 2024: 26 hechos, lo que para el gremio significa que la situación no ha mejorado.
El reclamo se basa en que, desde 2022, han sido asesinados cinco trabajadores forestales, además de casos de golpes, secuestros y amenazas que impiden trabajar en un ambiente seguro y tranquilo.
Acoforag argumenta que el Estado de Chile no estaría cumpliendo con el Convenio 187, que exige una política nacional de seguridad y salud en el trabajo, al no garantizar condiciones seguras en la Macrozona Sur.
El plazo de seis meses que dio la OIT obliga al gobierno de turno a conformar el comité, aunque podría dejarse para el próximo mandato; en todo caso, deberá rendir cuentas ante la OIT.
Muñoz adelantó que Acoforag no aceptará a la CUT como interlocutor válido en este proceso, aunque sí podría participar un sindicato o un Comité Paritario, y que la asociación pondrá sus propios términos.
El gremio insiste en que es su deber exigir que Chile cumpla con los convenios internacionales y, sobre todo, que los trabajadores forestales no laboren expuestos a ataques violentos que amenacen su integridad física y psíquica. (NP-Perplexity-Emol)
