Una positiva valoración tuvo el oficialismo de la remoción del fiscal de Coquimbo, Patricio Cooper, del caso ProCultura, hecho que fue informado en las últimas horas por la Fiscalía Nacional.
El organismo autónomo que dio a conocer lo anterior, también comunicó que las diligencias fueron reasignadas a la Fiscalía Regional de Antofagasta, liderada por Juan Castro Bekios.
Cabe mencionar que previo a dicha decisión, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso de amparo presentado por los abogados representantes de la psiquiatra Josefina Huneeus Lagos -exesposa de Alberto Larraín-, contra resoluciones que autorizaron medidas intrusivas por parte del fiscal Cooper.
En concreto, el tribunal de alzada declaró «ilegales» las intervenciones al celular de la profesional, ordenando la eliminación en la investigación fiscal de todo lo obtenido en base a ellas.
Así y consultado por Emol, el diputado Jaime Sáez, jefe de bancada del Frente Amplio (FA), dijo que «el fallo de la Corte de Apelaciones evidentemente indica la ilegalidad de las escuchas y confirma lo que hemos venido señalando desde el FA en términos de que las filtraciones en estas indagatorias y en otras, filtraciones que son sistemáticas, que son selectivas, que van apuntadas a determinados medios de comunicación también, tienen como objetivo principal construir opinión pública y generar animosidad ante determinados actores».
Eso, continuó, «es algo que no se puede permitir. La justicia ha sido clara en su veredicto. Esperemos que esto sea ratificado además por la Corte Suprema y, en ese sentido, me parece que lo que tiene que haber acá es la mayor rigurosidad posible para indagar casos de corrupción con la misma profundidad y profesionalismo con la que actúa el Ministerio Público en otro tipo de materias, sin generar filtraciones, sin afectar la calidad de las investigaciones, y eso es algo que tiene que ser una conducta permanente en todo tipo de investigaciones, sin distinción, y lo que ha hecho Cooper principalmente es todo lo contrario, es finalmente perjudicar las propias investigaciones generando filtraciones selectivas, sistemáticas, que solamente construyen casos comunicacionales que causan daño tanto a los actores políticos como también a las propias instituciones».
El parlamentario Héctor Ulloa, jefe de bancada PPD-Independientes, sostuvo por su parte que «sin lugar a dudas, el fallo de la Corte de Apelaciones ha sido un duro golpe para el Ministerio Público y especialmente para el fiscal Cooper, quien ha sido removido del caso ProCultura».
«Creemos que después de que se calificara el pinchazo de Josefina Huneeus como un ‘acto ilegal y arbitrario’, la posición del fiscal era difícil de sostener, dañaba las confianzas, y desviaba la atención hacia su figura, lo que podía afectar los resultados de la investigación«. agregó.
También dijo que «como hemos dicho desde un principio, aquí lo principal, más allá de quien esté a cargo de las pesquisas, es que la justicia pueda hacer su trabajo de manera seria, responsable, y sin presiones políticas que puedan venir tanto del oficialismo como de la oposición. Esperamos que se llegue a la verdad en el caso ProCultura, y les caiga todo el peso de la ley a quienes robaron recursos fiscales, que iban destinados a programas para las familias más vulnerables de nuestro país«.
Desde el Partido Socialista (PS), el senador Tomás de Rementería expresó que «me parece que es una buena noticia la decisión del fiscal nacional Ángel Valencia». «El señor Cooper ha demostrado que en estas investigaciones de alta complejidad no tiene las capacidades, primero de mantener la reserva de las investigaciones, y tampoco de llevar las medidas intrusivas de forma clara. Por eso que se acoge un amparo que es bastante decidor, menciona que estas eran técnicas de épocas pretéritas y, finalmente, eso genera un daño a la fama de la Fiscalía y también a la propia investigación«, añadió.
En la misma línea, puntualizó que «nosotros necesitamos que las investigaciones que hay en esta materia se lleven con pulcritud, con un trabajo serio y no para las cámaras haciendo entrevistas en la prensa, comentando filtraciones y menos interviniendo teléfonos que no tenía el derecho legal de hacerlo».
La bancada de diputados y diputadas del PS emitió por su parte un comunicado para abordar la noticia: «Valoramos la decisión de la Fiscalía de remover al fiscal Patricio Cooper, cuyo actuar -calificado por los tribunales como arbitrario y contrario a la legalidad- no representa un simple error, sino una grave vulneración a los principios que deben guiar al Ministerio Público», dice la misiva en primer lugar.
Luego, sostiene que «como hemos sostenido históricamente, tanto perseguidos como persecutores deben someterse al marco institucional» y «el fiscal Cooper debe sentirse aludido por este fallo, que expone conductas inadmisibles en un Estado democrático. Las instituciones, incluido el Poder Judicial, han cumplido su rol de freno a los excesos y es deber de todos acatar sus decisiones sin reservas».
Con todo, dice que «hacemos un llamado a privilegiar el diálogo institucional y a fortalecer una justicia que inspire confianza. Chile requiere que todos los actores, sin excepción, respeten las reglas de la democracia y los derechos fundamentales sin que nadie se coloque por encima de la ley».
El jefe de bancada del mismo partido, Juan Santana, dijo a este medio de manera adicional que «es un golpe muy duro para la Fiscalía lo que señaló la Corte de Apelaciones de Antofagasta. No solo declaró ilegal lo que realizó el fiscal Cooper, también comparó su proceder con actitudes propias de la dictadura. Su permanencia en la investigación era insostenible. Ahora le toca a la Corte Suprema decidir sobre su remoción, pero el antecedente es muy grave: un fiscal que abierta y decididamente vulneró derechos mínimos que tiene cada persona».
MIRADA DE LA DC
Por otra parte, se refirieron a este hecho personeros de la Democracia Cristiana (DC). El senador Iván Flores expresó que «lo que ha resuelto la Corte de Apelación en Antofagasta es tremendo», porque «no solamente de manera muy contundente explica lo que es un Estado de Derecho y cómo se puede vulnerar aun a nombre de la ley. Y cuando lo colocan en un paralelo con lo que ha pasado en la historia reciente de nuestro país en los tiempos oscuros recientes, señala, la verdad es que es brutal la comparación».
«Me parece bien también la declaración de la Fiscalía Nacional haciendo ajustes en lo que tiene que ver con su rol de persecutor. Pero no puede haber ni una tercera policía sin control, gozando de autonomía, ni tampoco puede haber prácticas intrusivas descontroladas», agregó.
El diputado Héctor Barría, jefe de bancada de la DC, precisó que «en casos de investigación o de tipo judicial, debemos ser capaces de cuidar a nuestras instituciones. Que exista menos ruido es el imperativo ético y moral desde nuestro punto de vista». «Que las instituciones funcionen, una célebre frase del presidente Lagos, debiera aplicarse en este tipo de situaciones. La política no debe inmiscuirse comentando o haciendo críticas al trabajo del Ministerio Público, de fiscales y del Poder Judicial. Dejemos que avancen, que hagan su trabajo como corresponde. Y, por supuesto, si hay algunos elementos que pueden, tal vez, traspasar la ley, que se generen las demandas necesarias. Pero mucha crítica, mucho diálogo, mucho diagnóstico no le hace bien para la buena gestión, sobre todo en materia de claridad judicial», complementó.
Por último, la congresista Karen Medina (IND-DC) manifestó que «es impresentable lo que ha pasado con el fiscal Cooper» y lamentó que «el fiscal nacional, Ángel Valencia, se debe a una designación política. Y aquí, claramente, al Presidente le han temblado los pantalones, porque había mucha información que estaba saliendo a la luz que involucra a altas personas con cargos de alta incidencia, de alta administración de recursos públicos, y hay evidencia de que aquí se robaron la plata».
«No quieren que sigan investigando lo que debemos exigir hoy día tanto la ciudadanía, por transparencia y porque las instituciones funcionen, es que el fiscal que toma este cargo siga investigando en la misma línea. Aquí, los ladrones de cuello y corbata deben ser descubiertos y deben recibir todo el peso de la ley. Y si es necesario, tras las rejas, ahí deben estar, porque Chile no necesita más ladrones», terminó.(Emol)
