El administrador municipal de Ñuñoa y exdiputado, Tomás Fuentes (RN), presentó su renuncia inmediata tras conocerse que mantuvo sus funciones públicas a pesar de haber sido condenado por la justicia en marzo de 2025. Los hechos se remontan a octubre de 2024, cuando Fuentes fue sorprendido conduciendo con 2,16 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que derivó en una sentencia del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago a 41 días de prisión y la suspensión de su cargo u oficio público. La controversia estalló al revelarse que el funcionario no informó de esta inhabilidad al alcalde Sebastián Sichel y continuó percibiendo remuneraciones durante el periodo de su condena.

La salida de Fuentes se produce en medio de un fuerte cuestionamiento técnico sobre el cumplimiento de las normativas que rigen a los funcionarios del Estado:

  • Inhabilidad Legal: Según el artículo 40 del Código Penal, una condena de este tipo inhabilita automáticamente para el ejercicio de cargos públicos durante el tiempo de la pena. Fuentes reconoció que restituirá los fondos correspondientes a los 41 días de sueldo percibidos indebidamente.
  • Falta de Notificación Interna: Aunque la sentencia fue enviada a la Contraloría el 31 de marzo, Fuentes apeló a que desconocía su obligación de informar al superior jerárquico, contraviniendo el artículo 64 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado.
  • Pena Sustitutiva: La condena de prisión fue conmutada por una firma mensual bajo la supervisión de Gendarmería, la cual el exadministrador asegura haber cumplido a cabalidad.

El alcalde Sebastián Sichel defendió la gestión de Fuentes, calificando su renuncia como un “acto generoso” y criticando la intención de los concejales de oposición (PC, FA y PS) de removerlo mediante una sesión extraordinaria. Sichel argumentó que no existía una inhabilidad formal aplicada por el municipio debido a que la Contraloría aún no reenviaba el oficio oficial, y enfatizó que el error de Fuentes pertenecía a su “vida privada” y no a su desempeño profesional, el cual calificó de excelente. Por su parte, los concejales denunciantes acusaron que se replicaron “malas prácticas” al permitir que alguien con una pena vigente administrara recursos públicos. (NP-Gemini-Emol)