Un anteproyecto de ley de fomento forestal elaborado por el Ministerio de Agricultura reabrió el debate sobre el modelo de plantaciones desarrollado en Chile durante las últimas décadas y sus consecuencias ambientales, en particular por la expansión de monocultivos de pino y eucalipto y la sustitución histórica de superficies de bosque nativo.

La discusión remite al Decreto Ley 701, promulgado en 1974 y vigente, con posteriores modificaciones, como instrumento de fomento durante varias décadas. La normativa estableció incentivos estatales a la forestación mediante bonificaciones que llegaron a cubrir hasta el 75% de determinados costos, contribuyendo a una fuerte expansión de las plantaciones forestales privadas.

El nuevo anteproyecto busca establecer incentivos dirigidos principalmente a pequeños y medianos propietarios forestales. Sin embargo, organizaciones especializadas en conservación plantean reparos respecto de las condiciones ambientales que contemplaría la propuesta.

La Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN) reconoce que la iniciativa introduce mejoras, pero advierte que algunos de sus mecanismos podrían mantener características del modelo desarrollado durante la vigencia del Decreto Ley 701.

La directora de la organización, Jennifer Valpreda, sostiene que uno de los principales problemas es la falta de exigencias suficientes sobre diversidad de especies. Según explicó, una plantación podría acceder a bonificaciones aun cuando hasta el 90% de su superficie estuviera ocupada por una misma especie.

A juicio de la especialista, sin requisitos mínimos de diversificación, los incentivos económicos podrían continuar favoreciendo especies de rápido crecimiento y alta demanda comercial, principalmente pino y eucalipto.

La organización plantea además que la distribución y continuidad de grandes superficies plantadas debe ser considerada al diseñar la política forestal debido al riesgo de propagación de incendios. En ese sentido, propone avanzar hacia paisajes productivos con mayor diversidad de especies y usos del suelo.

Valpreda cuestionó también que los instrumentos actualmente disponibles no entregarían incentivos suficientes para reemplazar plantaciones exóticas por especies nativas y establecer nuevos bosques, proceso que requiere inversiones y períodos de recuperación considerablemente mayores.

La discusión adquiere relevancia por la magnitud de la transformación experimentada por el sector forestal chileno desde la década de 1970. Según los antecedentes citados en el texto, en 1974 el país tenía aproximadamente 290 mil hectáreas de plantaciones forestales, superficie que alcanzó cerca de tres millones de hectáreas en 2022.

El ritmo de forestación aumentó significativamente después de la promulgación del Decreto Ley 701. Mientras entre 1970 y 1974 se plantaban alrededor de 30 mil hectáreas anuales, posteriormente la cifra llegó a aproximadamente 80 mil hectáreas por año durante las décadas siguientes.

Investigaciones del académico de la Universidad Austral de Chile y del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), Antonio Lara, han estudiado el impacto que esta expansión tuvo sobre los ecosistemas nativos. Según trabajos citados en el texto original, entre 1974 y 1992 al menos 200 mil hectáreas de bosque nativo fueron sustituidas por plantaciones forestales.

Otro estudio centrado en las zonas de mayor transformación concluyó que entre 1978 y 1987 aproximadamente 31% del bosque nativo existente en la cordillera de la Costa de la Región del Maule fue sustituido por plantaciones. En seis comunas de la Región del Biobío, durante el mismo período, el reemplazo habría superado el 30% de la superficie de bosque nativo.

La transformación continuó posteriormente. De acuerdo con cifras de Conaf citadas en el artículo, Chile perdió alrededor de 540 mil hectáreas de bosque nativo entre 2001 y 2019 y un 38% de esa superficie fue reemplazada por plantaciones de pino y eucalipto.

La AIFBN sostiene que los efectos del modelo forestal no se limitan a la reducción del bosque nativo. Entre las consecuencias que considera insuficientemente estudiadas menciona cambios en el paisaje y la disponibilidad de agua, además de impactos asociados a caminos forestales y a la calidad de vida de comunidades rurales.

El debate sobre el nuevo proyecto se centra así en cómo compatibilizar el desarrollo productivo del sector forestal y el apoyo a pequeños y medianos propietarios con mayores exigencias ambientales. Entre los principales asuntos en discusión aparecen la diversificación de las plantaciones, la prevención de incendios y la generación de incentivos efectivos para recuperar y ampliar los bosques nativos. (NP-ChatGPT-El Desconcierto)