A partir de este mes, se reactivará la tramitación de diversos proyectos que tienen múltiples impactos económicos, incluso más allá del ámbito que regulan. Por ejemplo, se seguirán discutiendo las dos iniciativas sobre permisología —permisos sectoriales y de evaluación ambiental—, los cambios al esquema tributario y la reforma al sistema de pensiones.
Si bien el Imacec de enero estuvo en el rango alto de las proyecciones (2,5%), el contexto que recibe a estas reformas es el de una economía débil y aún con factores de incertidumbre. Sin ir más lejos, y pese a las estimaciones oficiales, 2023 cerró con un crecimiento negativo de -0,2%. Por ello, uno de los objetivos centrales de cualquier paquete de medidas debe ser recuperar el ritmo de crecimiento. Es preocupante constatar que la pasada década (2014-2023) la economía chilena creció 1,9% promedio anual y, de acuerdo con las estimaciones del Banco Central, el crecimiento tendencial para los próximos diez años (2024-2033) es exactamente el mismo ritmo: 1,9%.
Una década ya de crecimiento mediocre, por cierto, no ha sido indiferente para la vida de las personas, que han tenido que ver cómo se frena el incremento de sus ingresos. El crecimiento genera cambios directos en la vida de las personas y es la mejor política pública para financiar reformas. En efecto, el 80% del aumento en la recaudación fiscal proviene del crecimiento económico y no del aumento de tasas.
Por ello, si las reformas tienen el potencial de profundizar el estancamiento económico en el que nos encontramos y no se convierten en el primer paso para salir del aletargamiento, sino que arriesgan mantener, o empeorar, el escenario proyectado por el Banco Central, debemos constructivamente señalarlo y aportar al debate.
En el proyecto de reforma a la Ley 19.300 hay algunos avances concretos. Sin embargo, observamos con preocupación varios aspectos del proyecto en materia de participación y de mayores atribuciones que se le entregan al Ministerio del Medio Ambiente en desmedro de avanzar hacia una visión integral que permita incluir también a otras autoridades, portadoras de sensibilidades sectoriales clave. Si el proyecto no acota quiénes son las comunidades afectadas y el plazo para plantear las inquietudes en el proceso de participación ciudadana, y si no entrega suficiente certeza jurídica a los permisos, nos arriesgamos a terminar con una iniciativa que lejos de favorecer la inversión, terminará perjudicándola.
En materia tributaria, pese al avance anticipado por el Gobierno de reducir la tasa de impuesto corporativo a 25% —aunque todavía nos dejaría por sobre el promedio OCDE, por lo que seguimos pensando que el nivel óptimo es 23%—, creemos relevante rebajar además la tasa total que pagan los inversionistas de 44,45% a 35%, para que el impuesto combinado sea competitivo y nos haga elegibles en materia de inversión. Otros aspectos controvertidos, como dotar al Servicio de Impuestos Internos de mayores facultades o más discrecionalidad, o una eventual alza en los impuestos personales, tienen también que evaluarse en función de sus efectos sobre los incentivos a invertir y crecer.
Finalmente, en materia de pensiones, el resultado de la votación en la Cámara, que rechazó aspectos estructurales del proyecto original, abre una valiosa oportunidad para que el Gobierno y la oposición alcancen un acuerdo que permita mejorar las pensiones. Es evidente que la reforma propuesta no cuenta con el apoyo parlamentario ni ciudadano y por lo tanto se debe seguir dialogando para acercar posiciones, si se quiere conseguir aprobar una reforma de pensiones que vaya en beneficio de los ciudadanos.
Sócrates pensaba que la vida sin examen no merece la pena ser vivida. Evaluar los errores regulatorios del pasado —como las reformas tributaria y laboral que contribuyeron al estancamiento de nuestra economía— no es solo un ejercicio intelectual necesario, sino un insumo útil para evitar cometerlos en el futuro. Si el objetivo central de los cambios regulatorios no pasa por recuperar la senda del desarrollo, estaremos hipotecando el futuro y los sueños de millones de compatriotas.
Estamos todos llamados a dar vuelta el escenario y a generar mayor prosperidad para todos los chilenos. En ese sentido, la búsqueda de nuevos recursos para financiar nuevas políticas públicas debe ser un esfuerzo balanceado, y la magnitud del esfuerzo también compartida por un mejor y más eficiente Estado. (El Mercurio)
Rosario Navarro
Presidente Sofofa
