El Gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresó al Congreso su reforma constitucional en materia de seguridad, iniciativa que contempla entre sus principales cambios la creación de un nuevo “Estado de excepción de seguridad pública” para enfrentar amenazas graves vinculadas a fenómenos delictivos.

La propuesta busca entregar al Ejecutivo herramientas para actuar tanto frente a una “amenaza grave e inminente” contra la seguridad pública como cuando esta ya haya sido gravemente afectada.

Según el texto ingresado, será el Presidente de la República quien podrá declarar este estado de excepción y determinar las zonas específicas en las que tendrá aplicación.

PLAZOS

Una de las principales diferencias respecto de los mecanismos actualmente existentes es su duración.

El nuevo estado de excepción podría extenderse por un máximo de 120 días, con la posibilidad de que el Presidente lo prorrogue por otro período equivalente. Para posteriores renovaciones sería necesario obtener el acuerdo del Congreso Nacional.

Una vez declarado, el territorio afectado quedaría bajo la dependencia inmediata de un Oficial General designado por el Presidente.

Además, el Mandatario deberá informar al Congreso sobre las medidas adoptadas durante su aplicación.

Una futura ley orgánica constitucional determinaría las atribuciones y obligaciones de la autoridad encargada del territorio, las facultades de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y las condiciones bajo las cuales podrían colaborar las Fuerzas Armadas.

FACULTADES PRESIDENCIALES

La reforma incorpora modificaciones al artículo 43 de la Constitución para establecer las atribuciones disponibles durante este nuevo régimen excepcional.

Entre ellas se contempla suspender o restringir la libertad personal y de locomoción, además de limitar los derechos de reunión y asociación.

También se permitiría interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones, junto con disponer requisiciones de bienes.

Estas atribuciones convierten al alcance del nuevo estado de excepción en uno de los puntos relevantes que deberá abordar la discusión parlamentaria.

OBJETIVOS

El argumento del Ejecutivo es que las herramientas constitucionales existentes pueden resultar insuficientes frente a las nuevas dinámicas del crimen organizado.

Según los fundamentos de la propuesta, organizaciones criminales pueden avanzar progresivamente en el control territorial, intimidar comunidades y deteriorar la seguridad pública sin que necesariamente se configuren desde un comienzo las condiciones contempladas en los estados de excepción tradicionales.

El nuevo mecanismo pretende, por lo tanto, permitir una intervención antes de que determinadas situaciones alcancen niveles difícilmente reversibles, pero también actuar cuando la afectación grave ya se haya producido.

POLÍGONOS TERRITORIALES

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, explicó que la herramienta está pensada para territorios considerablemente más acotados.

Como ejemplo mencionó zonas rurales eventualmente controladas por organizaciones terroristas o vinculadas al narcotráfico.

“Tenemos simulaciones de zonas donde podría aplicarse. Mucho más acotadas. Nosotros hablamos de polígonos”, explicó Arrau.

Según antecedentes citados en torno a la elaboración de la reforma, existirían 30 “polígonos” identificados donde eventualmente podría analizarse la utilización del mecanismo.

La propuesta deberá ahora enfrentar su discusión en el Congreso, donde aspectos como su duración, las restricciones de derechos, la intervención de comunicaciones y el eventual papel de las Fuerzas Armadas probablemente estarán entre los principales puntos del debate. (NP-ChatGPT-Emol)