Un operativo policial realizado en las regiones Metropolitana y de Los Lagos terminó con nueve personas detenidas, acusadas de integrar la organización criminal que habría sustraído más de $6 mil millones desde una sucursal del Banco Itaú ubicada en calle Prat, en Valparaíso.

El robo ocurrió el 28 de julio de 2025 y destacó por el nivel de planificación atribuido a sus responsables. El delito fue descubierto por trabajadores de la entidad financiera recién durante la mañana siguiente, lo que dio inicio a una investigación destinada a reconstruir la operación e identificar a sus participantes.

De acuerdo con los antecedentes reunidos por el Ministerio Público, seis de los nueve detenidos habrían estado directamente en el lugar del atraco. Las pesquisas apuntan a que el grupo habría preparado distintas acciones destinadas a evitar los sistemas de vigilancia y reducir los registros de su ingreso y posterior huida.

Uno de los principales antecedentes de la investigación involucra a un ingeniero informático que prestaba servicios al banco mediante una empresa externa de seguridad. Según la indagatoria, el profesional habría utilizado sus conocimientos y accesos tecnológicos para facilitar la operación.

Los investigadores sostienen que el informático realizó desde Santiago una conexión mediante una red privada virtual (VPN), a través de la cual habría desactivado remotamente las cámaras de seguridad de la sucursal poco antes de que los demás integrantes del grupo ingresaran al recinto.

La organización habría complementado esa maniobra con el posicionamiento de un camión tolva en las inmediaciones del banco. El vehículo fue situado de manera que obstaculizara el campo visual de cámaras instaladas en la vía pública, dificultando así la obtención de imágenes del desplazamiento de los involucrados y de la extracción del dinero.

Pese a los avances de la investigación y las nuevas detenciones, los más de $6 mil millones sustraídos todavía no han sido recuperados.

Las pesquisas patrimoniales, sin embargo, habrían permitido detectar que algunos de los imputados adquirieron posteriormente bienes raíces y vehículos de alto valor. Estos movimientos financieros son investigados para determinar el origen de los recursos utilizados y su eventual relación con el dinero sustraído.

A partir de esos antecedentes, el Ministerio Público prevé desarrollar nuevas diligencias destinadas a establecer posibles operaciones de lavado de activos y determinar si parte del botín fue incorporada al sistema económico mediante la adquisición de propiedades y otros bienes.

Los nueve detenidos serán puestos a disposición de la justicia para sus respectivas audiencias de formalización, instancia en la que la Fiscalía comunicará los delitos que atribuye a cada uno y expondrá los principales antecedentes recopilados durante la investigación. (NP-ChatGPT-Cooperativa)