La Superintendencia de Educación emitió un dictamen que obliga a los colegios particulares pagados a regirse por los estándares de la Ley Aula Segura. Desde ahora, cualquier suspensión cautelar por faltas graves a la integridad física o psíquica debe seguir el procedimiento abreviado legal, eliminando la disparidad de criterios entre recintos públicos y privados.
Asimismo, una nueva circular de gestión disciplinaria exige que, antes de cualquier expulsión, los establecimientos acrediten la implementación previa de medidas de apoyo psicosocial. La normativa introduce un enfoque formativo obligatorio, sugiriendo acciones reparatorias como juegos de roles o material de reflexión antes de aplicar sanciones punitivas definitivas.
Finalmente, el organismo actualizó las instrucciones para los reglamentos internos, incorporando la perspectiva de género y el uso de lenguaje inclusivo como ejes transversales. Los colegios deberán permitir que estudiantes de la diversidad sexual utilicen el uniforme más acorde a su identidad y adecuar sus protocolos antes del 30 de junio. (NP-Gemini-La Tercera)
