El senador independiente Miguel Ángel Calisto enfrenta un nuevo proceso penal que se suma a la acusación por fraude al Fisco reiterado presentada en su contra, causa en la que la Fiscalía Regional de Aysén solicita una pena de 12 años de presidio. La nueva investigación fue abierta por el fiscal regional Hernán Libedinsky tras la aparición de nuevos antecedentes entregados por dos coimputados del caso.

La nueva arista surgió a partir de las declaraciones de Roland Cárcamo y Carla Graf, excolaboradores cercanos del parlamentario, quienes entregaron antecedentes sobre supuestas acciones destinadas a impedir el avance de la investigación original. A raíz de esos testimonios, el Ministerio Público decidió abrir una investigación independiente para esclarecer los hechos.

Entre las diligencias ordenadas por la Fiscalía se encuentra la revisión de las cuentas bancarias del senador y de personas de su entorno, con el objetivo de verificar o descartar las afirmaciones realizadas por los imputados. Los antecedentes también vuelven a poner bajo escrutinio la actuación del exfiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien dejó el cargo y fue formalizado en 2025 por la entrega de información reservada a un abogado.

Según los antecedentes que forman parte de la nueva investigación, uno de los coimputados sostuvo que Calisto habría realizado pagos al entonces fiscal Palma cuando este dirigía la investigación por fraude al Fisco iniciada en 2022. La Fiscalía busca determinar si existieron acciones destinadas a influir en el desarrollo de ese proceso judicial.

Desde la defensa del senador señalaron que desconocen los detalles de esta nueva causa, argumentando que las declaraciones permanecieron bajo reserva y que aún no han podido acceder al expediente. El abogado César Ramos afirmó que las imputaciones provienen exclusivamente de los dichos de los coimputados y calificó las acusaciones como completamente falsas.

El defensor también cuestionó el estado procesal de la causa, indicando que el cierre de la investigación principal impide solicitar nuevas diligencias destinadas a desvirtuar los antecedentes incorporados posteriormente por la Fiscalía, situación que, a su juicio, limita el ejercicio del derecho a defensa.

Las declaraciones de Roland Cárcamo y Carla Graf también reforzaron la tesis del Ministerio Público en la causa por fraude al Fisco. Según la investigación, parte de los recursos destinados a asesorías parlamentarias habrían sido utilizados para fines políticos distintos a los informados oficialmente, antecedentes que forman parte de la acusación presentada contra el parlamentario