La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) dio a conocer que la empresa Essal los notificó de una falla en una bomba de una planta elevadora que tienen en el sector Piedra Blanca, en el Barrio Bonilla de Ancud, provincia de Chiloé.
El organismo reconoció que por esta falla se estuvo vertiendo aguas servidas por una hora y 30 minutos. La empresa contaba con una segunda bomba, pero ésta no soportó el sistema.
La situación coincide además con la denuncia de vecinos, quienes difundieron un video en redes sociales.
La Armada y la Oficina de Medio Ambiente de la municipalidad también están en conocimiento de la situación.
Essal aseguró a la SISS que ya repusieron la falla, sin embargo, se abrió una investigación y se tomaron muestras en el lugar.
SENADORES PIDEN CADUCAR CONCESIÓN
Luego de una intensa jornada en la sesión especial realizada por el Senado por la crisis del agua potable en Osorno, la Cámara Alta determinó presentar un acuerdo que buscará la caducidad de la concesión de Essal.
En la instancia, participaron senadores de todos los sectores, así como también el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, el titular de Economía, Juan Andrés Fontaine, y el subsecretario de Servicios Sanitarios (s), Jorge Rivas.
Tras la sesión, los parlamentarios decidieron presentar un proyecto de acuerdo al presidente Sebastián Piñera para ponerle fin a la concesión, indemnizar a las personas afectadas por el corte de agua potable que se extendió por 10 días y la modernización de la legislación pertinente.
“Si lo tiene a bien, disponga de inmediato el inicio de un procedimiento sancionatorio contra la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A.; aplique la sanción de caducidad de la concesión, y ordene efectuar una investigación acerca del rol ejercido, en este caso, por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), la Onemi y la Intendencia Regional”, indicaron.
Además, solicitaron instruir al superintendente de SISS para que la entrega del informe técnico de caducidad se realice “al más breve plazo”.
Por lo anterior, el senador Andrés Allamand (RN) sostuvo que dentro de la libre concesión se establece la obligatoriedad de entregar de manera adecuada el recurso hídrico.
“La única sanción que corresponde aplicar es la caducidad de la concesión, hay algunos que ya han empezado a esgrimir que no existirían los fundamentos jurídicos para ello, pero creo que basta mirar el artículo 34 de la ley general de sanitarias que señala que el prestador estará obligado a controlar permanentemente y a su cargo la calidad del servicio suministrado”, afirmó.
En tanto, el parlamentario por la región de Los Lagos, Rabindranath Quinteros (PS), puntualizó que hay responsabilidad de Essal, pero aseguró que hay otros organismos del Estado, como la Superintendencia de Servicios Sanitarios que, teniendo información respecto a las incapacidades, no abordó las medidas pertinentes.
“Cuando se concesiona un servicio público no desaparece la responsabilidad estatal en el servicio, mucho menos tratándose del agua, terminada la etapa de emergencia, el Gobierno no puede sino decretar la caducidad de la concesión”, declaró. (Bio Bio)
