Paulina Retamales Anziani, matrona con amplia formación en gestión educacional, asumió la dirección del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Santiago Centro tras ganar el concurso por Alta Dirección Pública. La nueva sostenedora recibe 43 establecimientos educacionales, entre los que destacan instituciones como el Instituto Nacional y el Internado Nacional Barros Arana (INBA). Retamales detalló que la prioridad actual es la mantención de los inmuebles, con una inversión proyectada de $2.800 millones para el año escolar 2026 y un plan de verano inmediato de $700 millones destinado a reparaciones críticas de gasfitería, electricidad y techumbre.
El proceso de traspaso desde la Municipalidad de Santiago involucra a más de 3.500 funcionarios, entre docentes y asistentes de la educación. Para garantizar la estabilidad del servicio, el SLEP ya realizó simulacros de pago de remuneraciones y capacitaciones para más de mil profesores. Retamales aseguró que, pese a los temores iniciales de las comunidades educativas, la ley impide ajustes de dotación durante el primer año, descartando así cualquier posibilidad de despidos masivos durante el inicio de su gestión.
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA ESCOLAR
Frente a la violencia que ha afectado a los liceos emblemáticos por más de una década, la directora enfatizó que su enfoque será técnico y pedagógico, distanciándose de la política partidista. Retamales afirmó que aplicará la Ley Aula Segura cuando sea necesario, aunque advirtió que este instrumento es insuficiente para abordar hechos delictuales extremos. Su estrategia contempla la creación de planes de acompañamiento para estudiantes expulsados, la mejora de los sistemas de cámaras de seguridad y la mantención de un diálogo fluido con centros de alumnos y padres, siempre bajo la premisa de que no conversará con personas encapuchadas.
Respecto a las movilizaciones y tomas de establecimientos, la autoridad del SLEP valoró la estrategia de desalojos inmediatos aplicada durante el último periodo para evitar la pérdida de clases y daños estructurales. Además, señaló que trabajará en estrecha coordinación con la Fiscalía y las fuerzas de seguridad para identificar a personas ajenas a las comunidades que participen en disturbios. Retamales subrayó que su objetivo final es que los 26.000 estudiantes bajo su cargo logren mejorar sus trayectorias de vida mediante una educación pública de calidad y un ambiente escolar seguro. (NP-Gemini-El Líbero)