La Directiva Nacional de Comunes comunicó las medidas que han tomado para «sanear» el partido y generar un «cerco estricto contra todo tipo de prácticas que riñan con la ética», incluyendo —señalan— la regularización de situaciones heredadas de la presidencia de Jorge Ramírez. Esto, en atención a las recientes gestiones de la Fiscalía relacionadas con la causa contra la excandidata a gobernadora regional Karina Oliva.
A través de un comunicado Comunes afirmó que, desde la elección de su dirección —ahora a cargo de la concejala lesbofeminista de Maipú Ka Quiroz de forma interina— se han tomado «medidas concretas», para transparentar, regularizar y gestionar las finanzas del partido. Por primera vez, recalcan, su situación financiera fue expuesta en detalle en el Consejo General del 28 de diciembre de 2021.
«Como nueva dirección de Comunes hemos hecho una revisión acuciosa de las gestiones de la anterior directiva y tomado todas las medidas para sanear el partido de hechos aislados de militantes que lo han afectado y Comunes se pone a plena disposición del Gobierno para impulsar este proyecto popular para Chile, y la batalla contra la corrupción es parte de la nueva sociedad que se incorpora a gobernar», planteó Ka Quiroz.
Durante este proceso de «saneamiento y regularización», la actual dirección de la colectividad «se ha encontrado con más negligencias e irregularidades financieras en los procesos de rendición electoral y gestión de recursos, las que implican un severo daño a las finanzas del partido». Por ello, argumentan, «hemos tenido que tomar un conjunto de medidas que son costosas para el desenvolvimiento del partido pero necesarias en el momento en que nos encontramos, como la decisión de dejar el arriendo de la sede durante este mes».
Mencionan además que la actual dirección del partido fue aprobada el 1 de diciembre de 2021 en el Consejo General y que desde el pasado 6 de enero el Servicio Electoral (Servel) la reconoció formalmente. Dicha formalidad, según detalla Comunes en la misma declaración pública, se mantenía irregular desde el mes de julio de 2021; toda vez que el Consejo General había votado una directiva, sin embargo, Jorge Ramírez, quien como presidente de ese entonces estaba a cargo de llevar a cabo esta labor, «no agotó las gestiones necesarias para que esta fuese formalizada».
Adicionalmente «se realizaron las gestiones para informar la composición del Tribunal Supremo ante el Servel, lo que no había sido comunicado formalmente pese a estar aprobado por el Consejo General en julio de 2021». Aquí destacan que esta función también correspondía a la presidencia de ese momento, es decir, a Jorge Ramírez.
Asimismo aclararon que, conforme la Ley de Gasto Electoral, el actual administrador electoral general del Partido es el militante Pedro Sepúlveda, lo cual se encontraría aprobado por el Servel desde el 3 de diciembre de 2021. En este sentido y a raíz de las indagatorias del Ministerio Público, sostuvieron que hay medios que se han referido a Martín Miranda como actual administrador electoral «lo que no es preciso, en cuanto no ostenta el cargo en esta administración».
«Todo lo anterior lo hemos hecho bajo la convicción de que un proyecto político viable parte de una gestión responsable y ética, acorde con los ideales que inspiran al Partido», sentencian.
Comunes recordó que por resolución del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 2021, ambos implicados en las gestiones actuales de la Fiscalía, Martín Miranda y Karina Oliva, se encuentran con su militancia suspendida, a la espera de la sentencia definitiva de dicho tribunal, junto con el resto de las personas involucradas en el caso de las boletas expuesto por CIPER Chile. «Dicho proceso ha avanzado con plenas garantías para las partes, siendo la propia independencia del Tribunal la más importante», para el partido.
«Esperamos que las medidas aquí descritas, junto a lo que resuelva de forma definitiva nuestro Tribunal Supremo, nos permitan realizar un proceso electoral y congresal interno que ponga término definitivo a prácticas aisladas, que no representan el conjunto de la militancia y que tanto daño han hecho a Comunes y a nuestra coalición, el Frente Amplio. Que el trabajo y la proyección del proyecto político, democrático, feminista y popular de Comunes prevalezcan, esa es la tarea que hemos asumido y seguiremos empujando», concluyeron.
Respecto a la investigación contra Karina Oliva, Martín Miranda, sindicado como administrador de la campaña que llevó adelante la representante de Comunes por la gobernación de la Región Metropolitana, fue llamado a declarar este 24 de enero por el Ministerio Público en el marco del caso que indaga la Fiscalía Regional Metropolitana Sur.
Sobre el allanamiento a la sede de Comunes instruido por la Fiscalía y realizado por la Unidad de Lavado de Activos de Carabineros en noviembre del 2021, hecho que fue duramente cuestionado por su intensidad, el abogado Luis Mariano Rendón indicó que la denuncia interpuesta por esta situación aún ni siquiera tiene a un fiscal a cargo. El jurista agregó que este actuar del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, «ha sido escandaloso». Y puntualizó que han pasado dos meses desde que ocurrió el hecho, por lo que el Ministerio Público «no está siendo claro en dicha investigación», lo que, a su juicio, «responde prácticamente a intentar encubrir lo ocurrido». (El Mostrador)
