Chile lleva más de una década discutiendo sobre el marco constitucional vigente. Y, con independencia de las legítimas posiciones que se han defendido al respecto a lo largo de los años, es un hecho indiscutible que esta disputa ha generado incertidumbre en materia política, económica y social.
No podemos enfrentar una nueva década sin avanzar en aquellas certezas políticas y jurídicas que den la estabilidad que Chile requiere. Por lo mismo, resulta indispensable concluir con éxito el proceso.
Fracasar en este esfuerzo probablemente implicaría perpetuar la incertidumbre sobre el marco jurídico fundamental de la República, con los inevitables efectos políticos y económicos que ello traería consigo.
En el estancamiento que sufre el país han influido muchos factores y es indudable que un elemento de gran incidencia ha sido la falta de certeza sobre las reglas constitucionales.
Terminar de buena manera con la disputa constitucional servirá de impulso a la inversión y al crecimiento que tanto anhela y necesita el país para resolver los desafíos más acuciantes, además de devolver a Chile al sitial que se merece como una nación seria donde se puedan llevar adelante múltiples iniciativas de inversión en todos los niveles y sectores.
Más inversión implica la creación de empleos de calidad y ello redunda inmediatamente en mejor calidad de vida para las personas. Adicionalmente, el proceso constitucional en curso también representa una oportunidad única de abordar y solucionar eficazmente un asunto indispensable: favorecer la gobernabilidad y disminuir la fragmentación del sistema político, de manera de avanzar en las futuras reformas sociales y mejorar la calidad de nuestra política.
Esto sería algo beneficioso para todos los sectores, considerando que en nuestro país gobernar se ha vuelto crecientemente difícil para quienquiera llegue a La Moneda.
Un fracaso del proceso constitucional en curso sería una mala noticia para toda la ciudadanía que vería con frustración y distancia la incapacidad de lograr acuerdos en un asunto tan relevante como nuestro pacto fundamental. También lo sería para quienes aspiramos a tener reglas claras y un marco institucional estable, tan necesario para fortalecer el crecimiento económico y, con ello, el progreso social.
Definir de una vez materias claves como el sistema político, los derechos fundamentales y las reglas básicas de las instituciones democráticas es vital para el fortalecimiento del Estado de Derecho.
En suma, es mucho lo que está en juego. Por ese motivo, hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas con representación en el Consejo Constitucional, en orden a dialogar y a encontrar entendimientos que permitan tener un texto serio y equilibrado, que nos una a todos los chilenos y entregue las condiciones para seguir avanzando en el camino hacia el desarrollo integral. Y eso exige altura de miras y sentido de Estado.
No se pueden repetir los errores que hicieron fracasar el intento anterior. Hoy hay que escuchar a todos, negociar, ceder y no excluir. Nuestra meta como país debe ser lograr una ley fundamental en que todos se sientan representados y, de esta manera, goce de legitimidad en la ciudadanía. Confiamos en que estas disposiciones primarán en la hora decisiva. Así lo exigen la estabilidad política, económica y social de nuestro país. (El Mercurio)
Ricardo Mewes
