La designación de la ministra Marisol Ponce como integrante titular del nuevo Consejo Ético del Poder Judicial generó preocupación al interior de la judicatura, debido a un proceso disciplinario aún en curso en su contra.
El nombramiento se produjo mediante sorteo realizado por el secretario de la Corte Suprema, mecanismo que definió a los integrantes del órgano. La magistrada dispone ahora de un plazo de tres días para aceptar o rechazar el cargo.
Las dudas surgieron a raíz de un sumario que enfrentó Ponce por denuncias de presunto acoso laboral y eventuales gestiones indebidas en la designación de un notario interino en Cauquenes. Aunque la investigación fue revisada por la Corte de Apelaciones de Rancagua —tras la inhabilitación del tribunal de Talca— y concluyó con su absolución, el caso sigue abierto debido a un recurso pendiente ante la Corte Suprema.
Según antecedentes del proceso, la defensa de la magistrada calificó las acusaciones como infundadas y atribuyó su origen a conflictos internos, argumentos que fueron acogidos en la resolución que la exoneró de responsabilidad.
Pese a ello, el hecho de que el recurso aún no haya sido resuelto genera inquietud, especialmente considerando que el nuevo consejo busca reforzar la confianza pública en el sistema judicial en medio de cuestionamientos institucionales.
De acuerdo con las reglas del proceso, en caso de que Ponce acepte el cargo y posteriormente sea sancionada por el máximo tribunal, deberá dejar su puesto en el Consejo Ético. (NP ChatGPT-LaTercera)