Segundo mes del 2025 y ya tenemos una nueva Ley Antiterrorista (Ley N° 21.732). Otra reforma, otro cambio normativo, otra alerta para las empresas. Esta vez, la normativa no solo endurece penas y amplía las herramientas investigativas, sino que también ajusta la definición de terrorismo, lo que podría cambiar el alcance de su aplicación. Como toda legislación de este calibre, genera debates: por un lado, entrega mayor precisión y recursos para enfrentar delitos graves; por otro, deja espacio para dudas sobre su implementación y posibles excesos en su interpretación.
Pero, como ha ocurrido con las últimas regulaciones, las empresas privadas no pueden mirar desde la galería. Esta ley trae consigo la obligación de evaluar con quién se vinculan. No solo desde el cumplimiento normativo, sino desde una perspectiva de gestión de riesgos. Con sanciones más duras al financiamiento del terrorismo y a las redes de apoyo indirectas, hoy más que nunca debemos fortalecer el análisis de contrapartes.
Pero partamos por explicar qué es un análisis de contrapartes, también conocido como «due diligence». Este proceso implica una investigación exhaustiva de las personas o entidades con las que una empresa se relaciona, ya sean clientes, proveedores o socios. El objetivo es evaluar los riesgos vinculados a estas relaciones y asegurarse de que no estén involucradas en actividades ilícitas, como el financiamiento del terrorismo o el lavado de activos.
No basta con confiar, hay que verificar. La pregunta que toda empresa debería hacerse es: ¿con quién me estoy relacionando realmente?
El financiamiento de actividades ilícitas no siempre es intencional. Un error en la cadena de suministro, una donación mal gestionada o un proveedor con antecedentes pueden poner a una compañía en el ojo del huracán. Al conocer en profundidad a quienes integran nuestra cadena de valor, podemos detectar y mitigar riesgos que podrían comprometer la reputación y sostenibilidad de nuestras organizaciones.
En este escenario, contar con herramientas que permitan evaluar riesgos de manera rigurosa se ha vuelto imprescindible. Nuevas soluciones tecnológicas permiten acceder a fuentes oficiales y bases de datos internacionales, facilitando la obtención de información detallada sobre contrapartes. Estos informes ayudan a las empresas a tomar decisiones informadas y a reducir la exposición a sanciones y riesgos reputacionales, contribuyendo a una gestión más eficiente de los riesgos.
Todavía hay empresas que ven la regulación como un costo adicional o como una carga burocrática. Pero cada escándalo financiero, cada sanción multimillonaria y cada crisis reputacional demuestran lo contrario. Cumplir no es una opción, es una estrategia de sostenibilidad y protección del negocio.
La pregunta no es si las empresas deben reaccionar, sino si quieren adelantarse o esperar a ser el próximo caso. (Red NP)
José Ignacio Camus
Co Founder Admiral Compliance
