Quien se haya dado el trabajo de leer mis columnas estará de acuerdo conmigo en que la abrumadora mayoría de ellas versa sobre la necesidad de recuperar el rol de la política como instrumento para llegar a acuerdos. Ese principio me ha obligado a ser crítico con el gobierno y una parte de los partidos que lo apoyan, que han dado pruebas reiteradas que esto de los acuerdos no entra en su universo ideológico y más bien lo consideran una debilidad e incluso una traición.
La opción a los acuerdos consensuados fue substituida durante los primeros meses del gobierno por una estrategia de “pirquineo” de votos que buscaba imponer por la mayoría mínima sus proyectos, al costo de alguna pequeña concesión. Sin embargo, esa estrategia se mostró frágil a poco andar ante la evidencia de un parlamento en el que las mayorías parecen estar pegadas con saliva, cuando no es que no están pegadas de ninguna manera (y aquí basta recordar al ministro García Ruminot explicando que unos votos que tenía “comprometidos” para aprobar la reforma constitucional que habría permitido ampliar el plazo de detención de inmigrantes con orden de expulsión, simplemente se desvanecieron en el momento de la votación). Frente a esa realidad, desde el gobierno se han hecho esfuerzos por buscar entendimientos más amplios con sus opositores, aunque esos esfuerzos, hasta ahora, han mostrado la poca habilidad de los personeros gubernamentales en la materia o llanamente incapacidad producto de la carencia de convicciones.
De ello tuvimos un ejemplo flagrante durante la semana que pasó, en la que se vivió una verdadera comedia de equivocaciones (¿quizás una ópera bufa?) en relación con el llamado “paquete” de seguridad del Gobierno. La historia había comenzado antes, con una reforma constitucional incrustada en ese “paquete”, que proponía un nuevo estado de excepción constitucional que, por antidemocrático, fue rechazado tan ampliamente que sólo el Partido Republicano estuvo de acuerdo. Como los votos no sólo no estaban para esa reforma, sino que amenazaban con dar por tierra con el paquete completo, el gobierno se mostró abierto a modificar el texto de la posible reforma constitucional.
Se inició entonces una operación destinada a encontrar una salida. Los senadores Arturo Squella del Partido Republicano y Andrés Longton de Renovación Nacional elaboraron una alternativa que modificaba la propuesta original de reforma. Desaparecía el llamado Estado de Excepción de Seguridad Pública y se optaba por modificar el actual Estado de Emergencia. Tenía, además, una virtud adicional: incorporaba elementos de una idea planteada por la senadora Paulina Vodanovic del Partido Socialista, relativos a establecer un régimen penitenciario especial y facultades para que Gendarmería pudiera segregar a los internos según su peligrosidad. Ese agregado, se comentó, fue propuesto por el senador Pedro Araya del PPD, que agregó su nombre al de los dos senadores oficialistas en la presentación del proyecto.
Con ese agregado, luego de una reunión en Cerro Castillo del Presidente con ministros y parlamentarios vinculados a las comisiones de Seguridad y Constitución, el propio senador Araya informó de un nuevo texto, sugiriendo que se trataba de un acuerdo que incluía a la senadora Vodanovic con lo que, por extensión, agregaba al Partido Socialista y quizás a toda la izquierda democrática. O sea, hasta ese momento, un verdadero monumento de amplitud y consenso… sólo que la senadora Vodanovic aseguró que ella no era parte de acuerdo alguno.
Su reacción tuvo lugar el pasado miércoles en la sesión de la Comisión de Constitución del Senado, que preside Pedro Araya. Allí señaló que no objetaba que Squella y Longton hubiesen trabajado una alternativa, sino que la hubiesen presentado públicamente como si ella hubiera participado en ese trabajo. Y afirmó que recién la tarde anterior había recibido, y por WhatsApp, el texto con la propuesta. El senador Squella le contestó diciendo que le “costaba entender” la reacción de la senadora y sugirió (bien explícitamente) que tal reacción podría deberse a la existencia de “dos almas” en el Partido Socialista y que ella estaba actuando de esa manera debido a presiones internas. Y hasta ahí llegó la conversación porque la senadora lo interrumpió para decirle que lo que él hacía era “mansplaining” (yo, que debo reconocer que a veces me quedo atrasado en esto de los neologismos, tuve que recurrir a mi amiga IA para que me explicara que “mansplaning” es “el acto de un hombre que explica algo a una mujer de manera condescendiente, paternalista o arrogante, asumiendo injustificadamente que ella desconoce el tema o que él sabe más por el solo hecho de ser hombre). La senadora Vodanovic todavía tuvo tiempo para redondear su intervención (y su disgusto) diciendo: “No se legisla por celular, no se legisla por la prensa”.
Interpretado todo con la mejor buena fe se puede decir que los senadores oficialistas -en algún momento apoyados por el senador Araya- sin duda animados de buenas intenciones creyeron que para un acuerdo bastaba con incluir alguna idea del otro, algo parecido al costo del “pirquineo” de votos. Ello explicaría que ni siquiera le hubiesen explicado con anterioridad a la senadora que iban a incorporar una idea suya, ni como la iban a incorporar (de hecho, el texto que le enviaron por WhatsApp el día anterior resaltaba en amarillo los párrafos que a ella deberían “gustarle”). O sea, lo que no entendieron fue que un acuerdo en política, para constituirse en la base de una estructura institucional estable y sólida, debe ser algo que se construye en conjunto y no una concesión que se arroja al pasar en el cuenco del adversario.
El remedio ha terminado, así, siendo quizás peor que la enfermedad. La izquierda democrática ha declarado que el senador Araya no representa al conjunto del bloque en esas negociaciones y el Partido Socialista que preside la senadora Vodanovic, por intermedio de su bancada de senadores exigió que el gobierno retirara su proyecto, lo que significa que ya no apoyan cualquier modificación de la reforma constitucional propuesta, sino que exigen que se retire todo y se discuta un proyecto desde el comienzo.
Pero también se trata de una experiencia que debe aprovecharse. Que sobre todo el gobierno debe aprovechar. Entender que la democracia parlamentaria consiste en conversar antes de escribir, incorporar al otro antes de anunciar un acuerdo y, sobre todo, aceptar que nadie puede hablar legítimamente en nombre de quienes no han participado de la conversación.
El gobierno, y particularmente el Presidente, han mostrado la voluntad de llegar a acuerdos sobre este tema, solo que, como señalé antes, hasta ahora han mostrado una falta de práctica casi monumental para gestionarlos. Por ello debe tener presente que el retiro del proyecto original podría ser una buena noticia para la política si abre realmente un proceso de negociación. Pero podría ser solamente un cambio de envoltorio si el nuevo proyecto nace con el mismo problema que el anterior: no haber sido construido junto con la mayoría que debe aprobarlo. (El Líbero)
Álvaro Briones