Otra vez un informe de la Contraloría remece a nuestra administración pública. Después del caso de licencias médicas, donde decenas de miles de funcionarios públicos (más del 90% permanece en sus puestos) viajaron de vacaciones al extranjero mientras hacían uso de licencias médicas que supuestamente les impedían trabajar, un informe del organismo dirigido por Dorothy Pérez dejó al descubierto que el Servicio Nacional de Migraciones, a cargo de Luis Eduardo Thayer durante el gobierno de Boric, aplicó excepciones a requisitos exigidos por ley sin tener facultades para hacerlo, lo que representa una evidente vulneración al orden jurídico.

Dichas excepciones tenían como objetivo aumentar significativamente el número de emigrantes, especialmente en los casos de reunificación familiar. Las visas de reunificación otorgadas a ciudadanos haitianos subieron de 1.941 el año 2022 a 19.141 el año 2025. Las alarmas sonaron cuando se supo tras el informe de Contraloría que la administración pública chilena no tenía información sobre el paradero de un número importante de esos niños, lo que hizo temer por una vulneración de sus derechos.

El Presidente Kast convocó a los tres poderes del Estado a una reunión para analizar esta emergencia y designó a la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf para liderar una fuerza de tarea que incluyó, además del Sermig, a la Cancillería y la PDI. En una semana, gracias a esta iniciativa, la PDI fue capaz de encontrar a los 64 niños haitianos que no habían sido ubicados en la muestra de 105 niños que tomó la Contraloría, lo que bajó las alarmas respecto a la posibilidad de que esos niños fueran víctimas de tráfico de migrantes.

Sin embargo, esto no nos puede dejar tranquilos. El informe de la Contraloría detectó una deficiente y casi inexistente coordinación entre el Servicio de Migraciones, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez para hacer seguimiento a los menores que ingresan al país por reunificación familiar. El Sermig no verificó los datos auto reportados por las personas haitianas que solicitaron permisos de reunificación familiar, tales como cédulas de identidad y domicilio en Chile. No hay protocolos con instrucciones ante casos de niños y adolescentes que han obtenido residencia, hay incumplimientos de estampados electrónicos, números de códigos y verificación de autenticidad. El servicio no cuenta con una base de datos sobre procesos de reunificación familiar íntegra. No es de extrañar esto si el ex director del Thayer por su cuenta y riesgo sin tener atribuciones para ello había relajado las exigencias que la ley establece para los procesos migratorios por medio de un simple memorándum emitido en mayo del 2024, con efecto retroactivo a partir del año 2022.

La PDI no contaba con protocolos detallados con controles y revisiones necesarios para el registro de estas personas al país, en contraste con el estricto control para los ciudadanos chilenos. Entre enero y abril de 2025, período investigado por la Contraloría, más del 50% de los niños que ingresaron lo hicieron en vuelos chárter.

Hay vuelos que llegaron al país sin lista de pasajeros; 12 adultos figuran ingresando niños en forma habitual entre 2024 y 2025; en un vuelo un adulto figura como responsable de 34 niños. En fin, hay una sospecha plausible de tráfico de niños y los datos fueron entregados por la Contraloría al Ministerio Público y documentos judiciales haitianos confirman un vínculo entre un imputado por tráfico de menores y hallazgos del informe de Contraloría. También se incluye una denuncia por pagos a una funcionaria de Migraciones para trámites de niños haitianos. La Fiscalía formalizó estos días en Chile a dos personas por tráfico de niños y se mantienen abiertas varias investigaciones al respecto.

Ello da cuenta de un problema que puede ser sistémico en la administración pública chilena: el foco está puesto en las instituciones del Estado y no en la población a la que sirven. Cada servicio se centra en su propio proceso y no en el resultado e impacto de las acciones del Estado sobre los ciudadanos. Esta manera de las instituciones públicas de trabajar en silos que no se comunican entre sí, se ha acentuado con el incremento de empleados públicos con el resultado que el aumento del gasto para sostener esta burocracia no mejora los servicios, sino que los empeora.

Pero hay otra conclusión inquietante. Los hechos conocidos a raíz de estas investigaciones permiten concluir que, desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet, donde se conoció la entrada masiva de ciudadanos haitianos al país en vuelos chárter, hubo un intento deliberado de aumentar la cantidad de ciudadanos de ese país en Chile, lo cual se hizo sin que se discutiera y aplicara una política que permitiera hacerse cargo del efecto que ello tendría. Ello se agravó durante el gobierno de Gabriel Boric con las actuaciones ilegales de Luis Eduardo Thayer.

Hoy, los haitianos representan el 10% de los migrantes en Chile, cuartos después de venezolanos, peruanos y colombianos. Este proceso migratorio pareciera haber seguido el indigno método de llenar el camión y en el camino acomodar la carga (sin detenerse ante el hecho que en este caso la carga era de seres humanos) y continúa representando un riesgo para los menores de ese país radicados en Chile y probablemente para muchos otros migrantes. El Estado de Chile deberá hacerse cargo ahora y es de esperar que lo haga respetando la dignidad de las personas y midiendo las consecuencias de sus actuaciones. (El Líbero)

Luis Larraín