El Parlamento de Nicaragua, controlado por el oficialismo, aprobó ayer sábado una propuesta de reforma constitucional destinada a impedir que determinadas leyes extranjeras y disposiciones emanadas de organismos internacionales tengan efectos jurídicos dentro del territorio nicaragüense.

La iniciativa fue respaldada durante una sesión especial de la Asamblea Nacional y será incorporada al proceso de reforma constitucional que continuará su tramitación en septiembre. En esa instancia también está prevista la votación de otra propuesta cuestionada internacionalmente por sus eventuales efectos sobre la participación de sectores opositores en futuras elecciones.

La decisión se produce pocos días después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobara una resolución, impulsada por Estados Unidos, para convocar a una reunión urgente de ministros de Relaciones Exteriores destinada a analizar la situación política y electoral de Nicaragua.

El nuevo texto establece que Nicaragua no permitirá la aplicación extraterritorial de leyes extranjeras. Según explicó el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, ninguna normativa emitida por otro Estado, conjunto de Estados u organismo internacional podrá producir efectos jurídicos en el país cuando sea considerada contraria a su independencia, soberanía o paz.

La propuesta establece como excepción los convenios internacionales suscritos formalmente en representación del Estado de Nicaragua, los cuales sí podrán tener aplicación conforme a las disposiciones correspondientes.

Antes de la votación, Porras defendió la modificación argumentando que las leyes aplicables a los ciudadanos nicaragüenses deben ser las propias del país y rechazó que normas provenientes del exterior puedan generar efectos dentro de Nicaragua.

Medios nicaragüenses que operan desde el exilio interpretaron la incorporación del artículo como un mecanismo que podría ser utilizado por el Gobierno para desconocer eventuales decisiones o resoluciones adoptadas por la OEA, Estados Unidos u otras instancias internacionales.

La OEA ha celebrado durante los últimos años numerosas sesiones relacionadas con la crisis política nicaragüense, de las cuales han surgido distintas condenas y pronunciamientos. Una reunión de cancilleres, sin embargo, podría abrir la discusión sobre medidas diplomáticas o económicas adicionales frente al Gobierno de Managua.

Después de la aprobación parlamentaria, la copresidenta Rosario Murillo volvió a cuestionar duramente a los sectores opositores, a quienes calificó de “mercenarios”, “traidores” y “cobardes”, aunque en sus declaraciones no hizo referencia directa a la OEA.

La reforma se tramita además en medio de críticas internacionales a otra iniciativa que podría impedir la participación electoral de opositores considerados por el oficialismo como “golpistas” o “traidores a la patria”. Diversos gobiernos y organismos internacionales han expresado reparos frente a esas modificaciones.

Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen un amplio control sobre las instituciones políticas nicaragüenses. El escenario interno se encuentra marcado por las consecuencias de las protestas de 2018 y su posterior represión, que dejó más de 300 fallecidos según Naciones Unidas y provocó la salida del país de cientos de miles de nicaragüenses. (NP-ChatGPT-DW-Confidencial-Agencias)