La Asamblea Nacional de Nicaragua presentó una iniciativa de reforma parcial a la Constitución que propone ampliar de cinco a siete años el período presidencial, con posibilidad de renovación. La propuesta fue ingresada pocos días después de que el presidente Daniel Ortega afirmara que el país no volverá a realizar elecciones bajo el esquema conocido hasta ahora, declaraciones que han generado críticas desde distintos sectores de la comunidad internacional.
La iniciativa fue presentada por el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, quien señaló durante la sesión legislativa que el objetivo es adecuar el funcionamiento del Estado a un modelo de gobierno con períodos de siete años, argumentando que ello permitirá fortalecer la continuidad de las políticas públicas y otorgar mayor estabilidad institucional.
Según el texto de la reforma, la extensión del mandato presidencial busca garantizar una mayor capacidad para ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo Humano y enfrentar los desafíos económicos, sociales y culturales del país mediante una planificación de más largo plazo. El proyecto sostiene que un período más extenso facilitaría la continuidad de las acciones gubernamentales.
Daniel Ortega, de 80 años, es el mandatario que más tiempo ha permanecido en el poder en la historia reciente de Nicaragua. Tras integrar la Junta de Gobierno entre 1979 y 1985 y ejercer la Presidencia hasta 1990, regresó al cargo en 2007 luego de una reforma constitucional que modificó las reglas para la elección presidencial. Desde entonces ha sido reelegido en sucesivas ocasiones.
El debate sobre la reforma se produce en un contexto de fuertes cuestionamientos internacionales al proceso político nicaragüense. Diversos gobiernos y organismos han expresado críticas por las restricciones a la oposición, la exclusión de dirigentes políticos y las modificaciones constitucionales impulsadas en los últimos años, mientras el Ejecutivo sostiene que las reformas buscan proteger la soberanía nacional frente a lo que considera intentos de injerencia externa.
De acuerdo con lo informado por las autoridades nicaragüenses, la reforma constitucional será discutida durante septiembre en primera legislatura. El proyecto también contempla cambios que impedirían participar en procesos electorales a personas que hayan sido despojadas de su nacionalidad o calificadas por el Estado como “traidores a la patria”, aspecto que ha generado nuevas críticas por parte de la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos