No es un misterio que la resurrección del movimiento estudiantil -así como la pasividad de los camioneros- se explica por el signo político del actual gobierno. Tampoco sorprende que los grupos sensibles al gasto público salgan a reclamar su tajada en plena discusión de la Ley de Presupuesto. Es el momento político de los grupos intermedios: buscarán convencer, por la razón o la fuerza, de que su interés particular coincide con el interés público.
De la reciente marcha “preventiva” convocada por la Confech ha trascendido sobre todo el uso de la fuerza. La agresión a estudiantes de la UC contrarios a la manifestación es su signo más evidente. Pero la fuerza del movimiento estudiantil no se mide sólo en violencia. Se mide, sobre todo, en una influencia y una visibilidad desmesuradas frente a otros grupos de interés. Los universitarios pueden marchar, copar titulares y sentarse a negociar. La voz de otros afectados por el presupuesto, como los niños que aún no entran al colegio, no tiene la misma amplificación.
Menos se ha discutido el peso de la razón en sus demandas, y ahí se incuba un peligro. El oficialismo ha puesto el foco en la violencia de los métodos, sin cuestionar la legitimidad de las consignas. El resultado es un consenso tácito: los estudiantes tienen demandas razonables, pero toleran métodos inaceptables.
Creemos que este encuadre es equivocado. Las demandas estudiantiles no son evidentemente razonables. Pero, además, concederles legitimidad de antemano conlleva consecuencias potencialmente peligrosas. Hoy reina en la ciudadanía un rechazo a la violencia política que hace improbable su escalada. Sin embargo, sería un error creer que ese dique es indestructible. Cuando se extiende la convicción de que las demandas de un movimiento son justas, la aprobación del gobierno decae y los métodos pacíficos parecen impotentes, la violencia puede empezar a verse como la única forma de hacerse escuchar.
Por eso importa poner en debate las demandas de los universitarios. Una de ellas es que no se toque el financiamiento de la gratuidad. Los años transcurridos desde su implementación y las discusiones acumuladas, sin embargo, permiten dudar de que esta política haya cumplido lo que prometía. Y si se piensa en los usos alternativos de los recursos que hoy absorbe, se advierte no sólo su ineficacia como política educativa, sino también su injusticia, medida con los mismos valores que la inspiraron, como la igualdad.
Al realizar una evaluación de la gratuidad como política, es necesario tener en cuenta que la inspiró un diagnóstico erróneo de por qué las personas no estudian en la educación terciaria. Se pensó que es porque no pueden financiar sus estudios, y esto se resuelve con la gratuidad. Sin embargo, lo que de verdad restringe a las personas es más bien el hecho que no tienen los conocimientos y habilidades suficientes como para cursar exitosamente una carrera. La evidencia empírica muestra que ambas explicaciones tienen un rol, pero que la explicación más importante es la falta de conocimientos y habilidades.
Si el problema es que la preparación de las personas no es suficiente para aprovechar los cursos universitarios, entonces la gratuidad no sirve para resolverlo. Es más, podría empujar a personas que carecen de las calificaciones a cursar carreras que no necesariamente mejorarán sus perspectivas laborales. Lo cierto es que en Chile un porcentaje alto de cada generación no tiene los conocimientos para obtener un título terciario de calidad, justamente por la falta de instituciones de educación prebásica de calidad. O sea, curiosamente al invertir en la gratuidad y no en prebásica, disminuimos las probabilidades de tener más egresados de calidad de la educación terciaria.
A pesar de que es lo que prima en la discusión de la Ley de Presupuesto, la crítica al financiamiento de la gratuidad no puede hacerse sólo en nombre de la responsabilidad fiscal. Es difícil convencer de que el equilibrio de las cuentas públicas basta para limitar un beneficio que muchos perciben como un derecho conquistado. Más razonable, y también más convincente, es plantear un uso alternativo de esos recursos dentro de la propia política educativa. Y en esto el consenso experto tiende a coincidir: la educación básica y prebásica.
No podemos olvidarnos que interviniendo a los 18 años ya el costo de oportunidad es más grande que el beneficio esperado, y esa inversión no tiene sentido aun si nos olvidamos de que es tardía. El subsidio de la gratuidad al final lo que logra es que alumnos de bajos puntajes logren estudiar en universidades que no son las que más valor agregan. La gratuidad nos enfrenta a la opción de financiar la carrera universitaria a una persona que tiene relativamente una baja tasa de retorno versus financiar la educación prebásica a alguien para el cual la tasa de retorno es enorme. No debiera ser una decisión difícil. La opción de intervenir temprano es muchísimo más rentable desde el punto de vista de emparejar la cancha y mejorar lo que se consigue por cada peso invertido.
Proponer que esos recursos estarían mejor invertidos en las etapas iniciales no enfrenta los valores que se invocan en torno a la educación con un frío apego a la disciplina fiscal. Al contrario, los pone de su lado. Y deja la carga de la prueba en los universitarios: ¿Por qué gastar tanto en la gratuidad universitaria en lugar de en la educación de la infancia?
Para un gobierno cuya aprobación ha caído tanto, no será fácil sostener esta discusión. Por eso es fundamental que existan voces en la sociedad civil que disputen el marco a un movimiento que ha dejado como legado políticas que entorpecen nuestro camino al desarrollo equitativo. En esta discusión, el interés que más se escucha no es necesariamente el que más pesa. Que unos tengan megáfono no significa que tengan la razón. (El Líbero)
Claudio Sapelli
Lucas Miranda
