Que dos empresas competidoras se pongan de acuerdo en las remuneraciones de sus trabajadores es una colusión. Que el Gobierno lo proponga demuestra que las colusiones las persigue solo para dañar a los empresarios y no para defender a los consumidores. Promover negociaciones ramales en una economía abierta es una mala política pública y un ilícito.
Codelco no puede pagar lo mismo que Escondida, y un pirquinero no puede pagar lo mismo que ninguna de ellas.
Gerardo Varela Alfonso
Abogado
