El Gobierno insistirá con la idea de instaurar la negociación colectiva ramal en el país. Así lo resaltó el Presidente, Gabriel Boric, en su Cuenta Pública del domingo, respecto de un debate que genera un amplio rechazo por parte de expertos y gremios empresariales.
«Insistiremos en la discusión sobre la necesidad de tener mecanismos de negociación multinivel o ramal. Los sindicatos y las centrales sindicales lo han planteado desde hace años y no concibo que haya discusiones vetadas en nuestra sociedad», sostuvo el Mandatario.
La idea es vista con muy malos ojos por parte del mundo empresarial, desde consideran que se plantea en un momento especialmente inoportuno teniendo en cuenta débil mercado laboral con una tasa de desempleo que no baja del 8% hace más de 30 meses. De hecho, en el trimestre febrero-abril de este año saltó a 8,8%.
Parte de esta dificultad para bajar la tasa de desocupación y dinamizar la creación de empleos es vinculada a la alza de los costos laborales que se ha producido por medidas que ha impulsado el Gobierno, como la ley de «40 horas» y el fuerte incremento del sueldo mínimo. Por eso, los expertos consideran que instaurar la negociación ramal solo agudizaría el problema.
Desde el Ministerio del Trabajo, el titular de la cartera, Giorgio Boccardo, detalló que el proyecto será presentado entre septiembre y octubre de este año.
En tanto, diputados del Partido Comunista (PC), la diputada Ana María Gazmuri (PCH) y el independiente Hernán Palma, se adelantaron y ya ingresaron un proyecto en esa línea.
Mientras desde Central Unitaria de Trabajadores (CUT) -donde hace varios años que vienen solicitando la iniciativa, su nuevo presidente, José Manuel Díaz, comentó que «ya hay una propuesta desde el Ministerio del Trabajo sobre el esqueleto, la estructura, del proyecto de negociación multinivel, el mismo que nació de diálogos sociales, no es un proyecto que fuera inventado en algún escritorio sino que el año 2024 se desarrollaron diálogos sociales para hacer un levantamiento por sectores de lo que podría ser el proyecto (…).»El gobierno tiene el compromiso de enviar antes de septiembre este proyecto», subrayó Radio Universidad de Chile.
CRÍTICAS EMPRESARIALES
Sin embargo, la persistencia del Ejecutivo en esta agenda fue duramente criticada desde el mundo empresarial. Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), lamentó que el discurso presidencial no haya estado alineado con las necesidades económicas del país.
«Por eso, esperábamos que la última cuenta pública del Presidente ofreciera una hoja de ruta clara para reactivar la economía y dar certezas al mundo productivo, convocando a un gran acuerdo por el crecimiento. Pero se dieron señales que aumentan la incertidumbre, como el cuestionamiento al modelo económico o la insistencia en la negociación ramal, que no considera la realidad diversa de las empresas, afectando sobre todo a las de menor tamaño», señaló.
Como una iniciativa que pone en peligro la continuidad de miles de pymes, calificaron desde la Multigremial Nacional el proyecto de negociación multinivel.
«Hoy las pymes no están en condiciones de soportar una negociación ramal. Este tipo de rigideces empujará a más empresas a la informalidad o a su cierre, afectando precisamente a quienes más empleo generan en el país», señaló su presidente Juan Pablo Swett.
Con esto, dijo Swett, «seguirán concentrando la economía y favoreciendo a las grandes empresas, por lo que llamamos al Congreso y al Gobierno a tener un mínimo de sentido común sobre la realidad económica actual».
Desde el gremio de la industria alimentaria, Gonzalo Uriarte, presidente de AB Chile, también manifestó su desacuerdo. «Más que una hoja de ruta prodesarrollo, se reiteraron propuestas como la negociación ramal, sin respaldo transversal y que generan incertidumbre. Chile necesita certezas, empleo formal y una agenda que convoque al mundo productivo, no que lo tensione», aseveró.
«NO SERÁ APROBADA» Y «DESORIENTACIÓN»
La propuesta tampoco convenció a los expertos en economía y mercado laboral. Por ejemplo, Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC UDP), señaló a Emol que «la evidencia empírica disponible indica que la materialización de esta medida elevaría los costos salariales fundamentalmente en las empresas de menor tamaño».
Además, sostuvo que «en la actualidad no existe piso político para la aprobación de un proyecto de esta naturaleza, por lo que su envío más bien obedece al objetivo político de dar por cumplida una promesa de campaña y estipulada en el programa de gobierno pero, a sabiendas de que esta no será aprobada», aseguró.
Una crítica más estructural provino del economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo, quien lamentó que la Cuenta Pública no haya abordado los problemas reales del mercado laboral.
Bravo añadió que «el ejemplo más claro está en que en la cuenta se destaca con carácter de gesta los incrementos en el salario mínimo y la rebaja a 40 horas en el marco de una situación laboral de falta de empleos y estancamiento en la productividad laboral, configurando presiones de costos para las empresas, especialmente las de menor tamaño y haciendo aún más complejo recuperar el mercado laboral. Mencionar el proyecto de negociación por rama en la Cuenta Pública expresa la misma desorientación».
Para Carmen Cifuentes, investigadora de Clapes UC, «la insistencia del Presidente Boric en avanzar hacia este modelo debe evaluarse con cautela». Esto, según dijo, porque «aunque busca fortalecer el poder de negociación de los trabajadores, la evidencia muestra que los sistemas de negociación sectorial pueden generar efectos adversos significativos.,
«Por una parte, tienden a aumentar el desempleo cuando fijan condiciones salariales por sobre el nivel de equilibrio de muchas empresas, en especial de las pymes, que no tienen la misma capacidad de absorber mayores costos que las grandes firmas. Además, la negociación centralizada tiende a desalinear salarios y productividad, al no considerar las diferencias internas entre empresas. Esto puede afectar la productividad agregada del país, desincentivando tanto la inversión en mejoras como la movilidad laboral hacia firmas más eficientes», añadió.
Patricio Rojas, economista y socio de Rojas y Asociados, también fue crítico y sostuvo que «en todo lo que se refirió en materia de empleo (Boric) no fue muy afortunado». «Hay un alto nivel de desempleo, que uno lo puede explicar no solo por el bajo crecimiento, sino también por un mercado laboral que se ha ido rigidizando y encareciendo. Los proyectos como 40 horas y salario mínimo también tienen responsabilidad en esto. Si a esto le sumamos una discusión sobre la negociación ramal, es algo que tiende más a restar que a sumar en la recuperación de empleos», señaló.
Por su parte, Cecilia Cifuentes, economista y directora del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School, señaló que la estrategia laboral del Ejecutivo podría perjudicar precisamente a quienes busca beneficiar. «En materia laboral me parece errada la mirada optimista del Gobierno. No sirve de nada aumentar el salario mínimo y reducir la jornada laboral si como resultado los grupos más vulnerables se ven obligados a salir del mercado laboral». señaló a El Mercurio.
Y agregó: «Si se analizan los datos de empleo y las tasas de ocupación por nivel de escolaridad, podemos constatar un deterioro en la empleabilidad de los sectores menos ingresos, probablemente debido a que las reformas han encarecido la mano de obra. Se trata, entonces, de una agenda laboral que aleja del empleo a los que más lo necesitan. A pesar de eso, se insiste en la negociación ramal, mientras la capacitación laboral para esos grupos brilla por su ausencia».(Emol)
