Algunos de sus distribuidores callejeros, al ser detenidos, acusan ser víctimas de tráfico de personas desde América Latina. Según ellos, venden a los adictos para repagar las extorsiones de sus captores. Y es que los carteles de droga mexicanos, ya diversificados en otros mercados ilegales, incluido el flujo de migrantes, aprovechan que las drogas sintéticas son más fáciles de fabricar y trasladar, a diferencia de cultivos naturales, como el de la heroína.
California vive hace décadas una crisis en narcotráfico y migración, ambas de espinosa solución. En 1998, la influyente RAND advertía que la migración descontrolada tendría como efecto el eventual debilitamiento del Estado de Derecho. La gente perdería fe en las leyes, y después en el sistema. Ahora, los expertos acusan que la crisis en salud pública ligada al tráfico de drogas sintéticas responde a décadas de políticas que buscaron descriminalizar el porte y uso de narcóticos y reducir la población carcelaria.
Tras la llegada de Trump al poder, el Congreso dominado por los republicanos pasó una ley que clasifica todas las variantes del fentanilo como sustancias de alto riesgo, facilitando su persecución penal y a las organizaciones detrás de su tráfico ilícito. Algunos demócratas, por su parte, insisten en que la crisis de su consumo no puede utilizarse como justificación para el encarcelamiento masivo o una excusa para promover políticas severas en inmigración.
Pero Trump ya marcó el nuevo rumbo. Justificó que los aranceles impuestos a México y Canadá buscan, entre otras cosas, detener el tráfico de personas y el contrabando de fentanilo. El hecho de que Claudia Sheinbaum desplegara 10 mil efectivos militares en la frontera evidencia que EE.UU. se impuso ante su vecino del sur.
En vista de esta cadena de eventos, lo que debería preocupar a Chile es que la administración Trump ha hecho público su descontento con la producción de drogas en América Latina, haciendo mención explícita al rol que juega Chile dentro de la crisis que azota la región en recientes informes.
Este mes, la Administración de Control de Drogas (DEA) difundió su reporte anual de narcotráfico en que critica la venta de cocaína proveniente de Perú y Bolivia adulterada con fentanilo “para aumentar las cualidades adictivas de la cocaína y aumentar las ganancias”.
A su vez, la Estrategia de Control Internacional de Narcóticos, lanzada en marzo por el Departamento de Estado, advierte que la mayoría de los precursores químicos usados en Bolivia para la industria ilegal de la cocaína provienen de “Brasil, Argentina, Chile y China”.
El capítulo de lavado de dinero del mismo informe dice que el contrabando de Bolivia, que bien podría llegar a 7,5 puntos del PIB, sale hacia Argentina, Perú y Chile, “donde es revendido o informalmente re-exportado”.
El informe también identifica las zonas francas operadas por Paraguay —país al que califica de hub del lavado de dinero para grupos criminales y terroristas— en puertos de Uruguay, Brasil, Argentina y Chile como “preocupantes” debido a su “falta de transparencia”.
El reporte incluye al Tren de Aragua en Chile “expandiendo sus operaciones”. Sobre eso, la más reciente estimación anual de la Agencia de Inteligencia de la Defensa, publicada por el Pentágono también este mes, identifica al Tren de Aragua como los “impulsores de la violencia en toda la región”.
Chile no puede esperar a convertirse en un centro de exportación para el tráfico de cocaína y opioides como el fentanilo. Debe adelantarse con una muestra de voluntad política para la cooperación con Washington contra la industria ilegal de narcóticos en Sudamérica. Si Chile se hace cargo de su parte, y Estados Unidos de la suya, se podría asestar un duro golpe al crimen organizado transnacional que mueve drogas y personas de un extremo al otro del continente. (El Mercurio)
Dr. Carlos Solar
Investigador Sénior en el Royal United Services Institute (RUSI) en Londres
