Natalia Duco presentó este jueves su renuncia al cargo de ministra del Deporte en medio de la controversia surgida por la utilización de un vehículo fiscal. La salida de la ahora exsecretaria de Estado estuvo acompañada por la renuncia del subsecretario de la cartera, Andrés Otero.
Durante la jornada, Duco fue citada a La Moneda después de que se conociera públicamente la respuesta entregada por el Ministerio del Deporte a la Contraloría General de la República (CGR) respecto del uso del automóvil institucional.
En los antecedentes remitidos al organismo fiscalizador, Duco sostuvo que el vehículo había sido utilizado para asistir a una reunión de carácter laboral, argumento con el que justificó el empleo de recursos públicos para el traslado.
Sin embargo, posteriormente se difundió un registro audiovisual que mostró que el vehículo habría sido utilizado para concurrir a una celebración en la que hubo karaoke, bebidas y un asado. Los nuevos antecedentes aumentaron los cuestionamientos sobre la versión entregada inicialmente a la Contraloría y profundizaron la controversia.
La situación derivó finalmente en la salida de Duco del gabinete, luego de que el Presidente José Antonio Kast solicitara su renuncia. Andrés Otero también dejó su cargo como subsecretario del Deporte.
A través de un comunicado, la Dirección de Prensa de la Presidencia informó que el Mandatario aceptó las renuncias de ambas autoridades con efecto desde este jueves.
El Ejecutivo agradeció el trabajo realizado por Duco y Otero durante su permanencia en el Ministerio del Deporte y les deseó éxito en sus próximos desafíos profesionales.
CRITICAS DE OPOSICIÓN:OFICIALISMO RESPALDA DECISIÓN
La renuncia de la ahora exministra del Deporte Natalia Duco y del subsecretario Andrés Otero provocó inmediatas reacciones en el Congreso, luego de que el Presidente José Antonio Kast solicitara la salida de ambas autoridades en medio de la controversia por el uso de un vehículo fiscal para asistir a una actividad privada.
La decisión se produjo después de conocerse nuevos antecedentes sobre la utilización del automóvil institucional para concurrir a una celebración en la que hubo karaoke, bebidas y un asado. La información contradijo la explicación entregada inicialmente por Duco a la Contraloría General de la República, en la que sostuvo que el traslado había estado relacionado con una reunión de trabajo.
Tras escalar la controversia durante la jornada, Presidencia comunicó que el Mandatario había aceptado las renuncias de Duco y Otero y agradeció la labor desarrollada por ambos durante su permanencia en el Ministerio del Deporte.
Desde la oposición, las críticas no se limitaron al episodio que provocó la salida de las autoridades, sino que apuntaron a los cambios que ha experimentado el Gobierno en distintos cargos durante los últimos meses.
El diputado César Valenzuela (PS) cuestionó la cantidad de seremis y otras autoridades que han abandonado la administración y sostuvo que el Ejecutivo debe revisar sus nombramientos para garantizar mayor continuidad en los distintos servicios públicos.
La diputada Emilia Schneider (FA), en tanto, atribuyó la salida de Duco tanto a su gestión como a los cuestionamientos surgidos ante la Contraloría. Además, afirmó que los sucesivos cambios de ministros, subsecretarios y autoridades regionales reflejan, a su juicio, problemas más amplios en la conducción del Gobierno.
Desde el comité parlamentario del Partido Comunista señalaron que la permanencia de Duco y Otero se había vuelto insostenible. La colectividad recordó otras controversias protagonizadas por la exministra y cuestionó los criterios utilizados por el Ejecutivo para seleccionar a las autoridades que integran el gabinete.
El Partido Nacional Libertario fue más allá y planteó que la salida de Duco podría abrir una discusión sobre la continuidad del propio Ministerio del Deporte. Su secretario general, Juan Antonio Urzúa, propuso cerrar la cartera y destinar sus recursos a áreas como el combate al narcotráfico y la delincuencia.
Desde el oficialismo, en cambio, parlamentarios respaldaron la determinación adoptada por el Presidente Kast. El diputado Hotuiti Teao (IND-UDI) sostuvo que la decisión es coherente con principios de probidad, buena gestión y uso responsable de los recursos públicos. Añadió que ahora la prioridad debe ser garantizar la continuidad de los programas y proyectos desarrollados por el Ministerio del Deporte.
El diputado Marco Antonio Sulantay (UDI) también consideró correcta la salida de Duco y señaló que demuestra la intención del Mandatario de mantener estándares exigentes entre sus colaboradores. Sin embargo, planteó que la controversia también debería servir para abrir una discusión sobre el funcionamiento institucional del área deportiva.
En ese sentido, Sulantay propuso una reestructuración profunda que contemple la eliminación del Instituto Nacional de Deportes (IND) y el traspaso de sus atribuciones directamente al Ministerio del Deporte, argumentando que actualmente existirían dificultades en la relación y distribución de competencias entre ambas instituciones.
El diputado Diego Schalper (RN), por su parte, señaló que los antecedentes conocidos generaban cuestionamientos relevantes y sostuvo que la reacción presidencial demuestra que el Ejecutivo adoptará una postura estricta frente a situaciones de esta naturaleza.
El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, también respaldó las renuncias. A su juicio, además del eventual uso indebido del automóvil fiscal, resultó especialmente grave que la naturaleza privada de la actividad no hubiera sido informada inicialmente.
Squella agregó que los cambios registrados entre ministros, subsecretarios y seremis responden, por una parte, a ajustes que pueden producirse normalmente durante una administración y, por otra, a un mayor nivel de exigencia impuesto por el Presidente a quienes desempeñan responsabilidades de Gobierno.
La salida de Duco y Otero abrió así un nuevo frente político para el Ejecutivo. Mientras la oposición utilizó el episodio para cuestionar la estabilidad y los criterios de selección de autoridades, representantes del oficialismo defendieron la decisión presidencial como una señal de exigencia en materia de probidad y responsabilidad en el ejercicio de la función pública. (NP-ChatGPT-Emol)
