La implementación de la ley “Chao Cables” comenzó oficialmente el 21 de septiembre, tras la publicación en el Diario Oficial del reglamento que permite aplicarla. Con esto, los municipios del país ya preparan sus planes de gestión para que las empresas de telecomunicaciones identifiquen, ordenen y retiren el cableado en desuso, en un proceso que apunta a mejorar la seguridad urbana y el orden del espacio público. Según Subtel, se espera que en enero estén cubiertos los sectores con mayor saturación de tendido aéreo.
Las ciudades más afectadas por la denominada “basura aérea” incluyen Antofagasta, Valparaíso, Concepción y varias comunas de la Región Metropolitana como Santiago, Maipú, Providencia, La Florida, Ñuñoa, La Reina, San Bernardo y Lo Barnechea. Desde la Cámara Chilena de Infraestructura Digital se definieron zonas prioritarias para iniciar el retiro.
En Lo Barnechea, el alcalde Felipe Alessandri afirmó que buscan ser pioneros en la implementación. El municipio creó un comité técnico con representantes de distintas unidades y empresas, además de un sistema de coordinación electrónica para ordenar los trabajos. La planificación contempla diagnóstico, priorización de zonas críticas y coordinación con el Gobierno Regional para el financiamiento del retiro. Si las compañías incumplen, el municipio se hará cargo de manera subsidiaria, con multas que alcanzan hasta 1.000 UTM. Entre los puntos más afectados de la comuna se encuentran calles como Av. La Dehesa y Av. El Rodeo.
En Maipú, el municipio destacó que ya trabajan en el retiro de cables desde 2021, con más de 60 toneladas removidas en coordinación con Entel. Este año, mediante un convenio con la Cámara de Infraestructura Digital, se sumaron 73 toneladas retiradas con la participación de varias operadoras, incluyendo Movistar, Claro y WOM. La gestión continuará de manera conjunta, con énfasis en atender denuncias de vecinos por cables caídos o cortados.
Providencia también puso en marcha la ley y destacó el uso de tecnología LiDAR para elaborar un catastro 3D de su red aérea. El alcalde Jaime Bellolio explicó que esta herramienta permite identificar propietarios de cables, verificar altura reglamentaria y acelerar los retiros. “Este catastro inédito nos permitirá normalizar la infraestructura y comenzar el retiro cuanto antes”, señaló.
En La Florida, en tanto, el alcalde Daniel Reyes fue más crítico y aseguró que la normativa es insuficiente. Sostuvo que, pese a las buenas intenciones, el reglamento impone más trámites y limita la capacidad de los municipios. Cuestionó que las demoras en la identificación de cables terminen trasladando los costos de retiro a los gobiernos locales y, en consecuencia, a los contribuyentes. Agregó también que la ley omitió regular los postes, lo que a su juicio genera disputas sin solución entre compañías eléctricas y de telecomunicaciones.
Reyes insistió en que su municipio seguirá presionando para que las empresas asuman responsabilidades. “No vamos a permitir que este problema recaiga en los vecinos, porque es producto de la negligencia de las concesionarias”, enfatizó, remarcando que en La Florida el exceso de cables seguirá siendo un frente de batalla.
De esta manera, mientras algunas comunas avanzan con herramientas innovadoras y planes de coordinación, otras advierten que la normativa aún presenta vacíos que podrían complicar su efectividad y que exigen mayor fiscalización a las empresas responsables. (NP-Perplexity-Emol)
