La directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), encabezada por su presidente Gustavo Alessandri, sostuvo una reunión clave con el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, para formalizar una solicitud de protección ante el recrudecimiento de la violencia contra autoridades locales. La organización pidió la designación de un fiscal preferente que centralice y lidere las investigaciones sobre amenazas de muerte y hostigamientos que han afectado a jefes comunales y concejales en las últimas semanas.
La urgencia de la medida se sustenta en casos críticos como el de la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, quien denunció que grupos de narcotraficantes ofrecieron una recompensa de $100 millones por su vida. Asimismo, el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, reportó amenazas tras operativos de demolición de “narco-casas”. Según la ACHM, estas acciones delictivas buscan amedrentar la gestión territorial y frenar el avance de las políticas de seguridad municipal.
PROPUESTAS
Además de la persecución penal, la asociación planteó una hoja de ruta integral para enfrentar la crisis de seguridad:
- Protocolo Nacional de Seguridad Municipal: Diseño de manuales de procedimiento y capacitaciones técnicas junto al Ministerio Público para estandarizar la respuesta ante amenazas.
- Prevención Multidimensional: Integración de las áreas de Salud, Educación y Desarrollo Social en las estrategias de seguridad para recuperar el tejido social en barrios críticos.
- Test de Drogas Obligatorio: Propuesta de realizar exámenes de sustancias cada seis meses a todos los cargos públicos. “Debemos predicar con el ejemplo si queremos ganarle al flagelo de la droga”, enfatizó Alessandri.
El gremio municipal recalcó que los alcaldes representan la primera línea de contacto con la ciudadanía y que la profundidad de la crisis delictiva actual requiere una modernización urgente de los procesos de protección para quienes ejercen roles de autoridad en el territorio. (NP-Gemini-La Tercera)