El exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve abrió una nueva disputa administrativa con la cartera que encabezó entre 2022 y 2024, al cuestionar la legalidad y los efectos del sumario que derivó en siete cargos formulados por la Contraloría General de la República.

En junio de 2025, el organismo contralor levantó cargos contra la exautoridad por materias que incluyen conducta impropia, atentado contra la dignidad de una subordinada, falta de información oportuna, liberación de su escolta policial, eventual uso indebido de la Ley de Inteligencia y dos acusaciones relacionadas con hostigamiento a la denunciante.

Este procedimiento se desarrolla paralelamente a la investigación penal que enfrenta Monsalve por delitos sexuales. La exautoridad dejó su cargo en octubre de 2024 después de conocerse la denuncia en su contra por hechos que son investigados como violación y abuso sexual.

La controversia administrativa se concentra en determinar cuándo fue iniciado formalmente el sumario. Monsalve sostiene que el procedimiento comenzó después de que hubiera cesado en sus funciones y argumenta que esa circunstancia tendría consecuencias sobre su responsabilidad administrativa.

En abril de este año, el exsubsecretario solicitó a la Subsecretaría del Interior antecedentes relacionados con la tramitación de la investigación. Su objetivo es obtener la trazabilidad de la resolución que ordenó el procedimiento y establecer con precisión cuándo fue creada e incorporada al sistema institucional.

Monsalve también acompañó antecedentes con los que sostiene que existirían inconsistencias entre la fecha consignada en la resolución y los registros electrónicos de su tramitación. Además, solicitó que esos antecedentes fueran remitidos al Ministerio Público para investigar eventuales delitos de falsificación de instrumento público y prevaricación administrativa.

La Subsecretaría del Interior rechazó entregar la información en los términos solicitados. La respuesta, firmada por el jefe de la División Jurídica, José Uzal, sostuvo que se trata de antecedentes relacionados con un procedimiento todavía en curso y que determinadas informaciones previas a una resolución pueden mantenerse reservadas mientras no exista una decisión definitiva.

Tras esa respuesta, Monsalve recurrió al Consejo para la Transparencia mediante un amparo presentado el 25 de mayo. Su petición busca que se ordene entregar íntegramente la información correspondiente a la trazabilidad de la Resolución Exenta N° 5418, fechada el 16 de octubre de 2024.

Entre los antecedentes requeridos se encuentran la fecha y hora en que el documento fue creado en el Sistema de Gestión Documental (SIGE), además de la identificación del usuario o funcionario que realizó su ingreso.

El cuestionamiento de Monsalve se apoya en registros del SIGE que, según los antecedentes expuestos, muestran que la resolución fue creada el 17 de octubre de 2024 a las 20.10 horas y terminó de tramitarse el 18 de octubre a las 8.51 horas. Sin embargo, el documento consigna como fecha el 16 de octubre.

A partir de esos registros, la defensa administrativa del exsubsecretario sostiene que cuando dejó el cargo no existía todavía un sumario formalmente instruido en su contra.

Como parte de sus argumentos, Monsalve incorporó declaraciones realizadas por la exministra del Interior Carolina Tohá ante una comisión investigadora de la Cámara de Diputados. En esa instancia, Tohá señaló que el 16 de octubre de 2024 ordenó realizar un sumario, que los procedimientos administrativos se desarrollaron durante los días siguientes y que este quedó decretado el viernes 18 de octubre. Posteriormente, el 23 de octubre se solicitó a la Contraloría hacerse cargo de su tramitación.

Desde el entorno del exsubsecretario también cuestionan la oportunidad en que habría sido informado sobre el procedimiento. Según esa versión, Monsalve tuvo conocimiento efectivo del sumario cuando un funcionario de la Contraloría acudió en marzo de 2025 al Anexo Penitenciario Capitán Yáber para tomarle declaración.

La discusión tiene como uno de sus principales fundamentos el Estatuto Administrativo. Su artículo 157 contempla distintas circunstancias bajo las cuales se extingue la responsabilidad administrativa de un funcionario, entre ellas el cese de sus funciones.

Sin embargo, la normativa también establece reglas para aquellos casos en que un funcionario deja el cargo mientras un sumario ya se encuentra en tramitación. Esa diferencia convierte la fecha de inicio formal del procedimiento en un elemento relevante para determinar sus eventuales efectos.

El abogado especialista en derecho administrativo Mauricio Bascur explicó que, como regla general, la responsabilidad administrativa se extingue cuando una persona deja de ejercer el cargo. No obstante, precisó que si el sumario ya estaba en curso al momento de la renuncia, la administración puede continuar su tramitación.

Bascur agregó que incluso si la investigación hubiera comenzado después del cese de funciones, ello no necesariamente impediría que la administración esclarezca los hechos. La diferencia estaría en las consecuencias disciplinarias, ya que, bajo esa hipótesis, podría encontrarse extinguida la posibilidad de aplicar una sanción administrativa al exfuncionario.

La controversia deberá determinar, por tanto, no solo la fecha efectiva en que comenzó el sumario, sino también las consecuencias jurídicas que esa cronología puede tener sobre el procedimiento disciplinario seguido contra el exsubsecretario. (NP-ChatGPT-La Tercera)