La cuarta subcomisión mixta de Presupuestos rechazó este miércoles la propuesta de financiamiento para la educación superior correspondiente a 2027, luego de una jornada en que rectores de universidades estatales y tradicionales cuestionaron los recortes contemplados por el Gobierno.

La sesión, presidida por la senadora Yasna Provoste (DC), marcó el inicio de la discusión particular del presupuesto del Ministerio de Educación, encabezado por la ministra María Paz Arzola.

Durante su exposición, la secretaria de Estado defendió la distribución de recursos y destacó que la propuesta prioriza los aprendizajes escolares y la educación parvularia, en un escenario de restricciones fiscales.

“El presupuesto de Educación, desde el punto de vista de una mirada global, nos demuestra que en un contexto de estrechez fiscal la educación sigue siendo una prioridad para el Gobierno”, sostuvo.

Sin embargo, representantes de distintas instituciones de educación superior advirtieron que las rebajas afectarían el financiamiento de las universidades, sus programas de apoyo estudiantil y sus actividades académicas.

El rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores (Cruch), Osvaldo Corrales, señaló que la reducción presupuestaria se concentra en cuatro asignaciones: el aporte institucional a universidades estatales, el aporte fiscal directo, el plan de fortalecimiento de las universidades del Estado y el financiamiento basal por desempeño.

Según explicó, esas disminuciones suman más de $36 mil millones y podrían debilitar el funcionamiento de instituciones que cumplen funciones estratégicas para el país.

Corrales también se refirió al incremento cercano al 52% del Fondo de Desarrollo Institucional, cuyos recursos concursables estarán abiertos a todas las instituciones. Aunque no cuestionó ese mecanismo, advirtió que el aumento no compensa las rebajas en los aportes basales.

Ante este escenario, el Cruch solicitó unánimemente rechazar la partida, restituir los aportes basales al menos a los niveles del presupuesto de 2026 ajustado y permitir el uso de la totalidad de los excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario.

La presidenta del Consorcio de Universidades del Estado (Cuech) y rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Marisol Durán, también cuestionó la propuesta.

Durán señaló que el presupuesto de 2027 incorpora como base los ajustes efectuados durante 2026 y no compensa adecuadamente la inflación, lo que podría reducir el poder adquisitivo de los recursos asignados.

Asimismo, advirtió sobre una disminución del financiamiento del Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE), destinado a acompañar a estudiantes de establecimientos educacionales vulnerables.

Por su parte, la rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, sostuvo que la reasignación de fondos hacia la educación inicial recae especialmente sobre las universidades estatales.

Entre los efectos mencionó la reducción de recursos para el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre), organismo responsable de la aplicación de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).

Mizala advirtió que una menor disponibilidad presupuestaria podría significar menos sedes para rendir la prueba, con consecuencias para estudiantes de regiones y localidades apartadas, además de afectar los apoyos destinados a personas con discapacidad.

Durante la sesión también se dio lectura a una carta del rector de la Pontificia Universidad Católica y presidente de la Red G9, Juan Carlos de la Llera, quien solicitó rechazar la partida.

Una posición distinta manifestó el rector de la Universidad Finis Terrae, Juan Eduardo Vargas, en representación de la Corporación de Universidades Privadas.

Vargas respaldó la prioridad fiscal otorgada a la educación parvularia y básica, aunque pidió una distribución equitativa de los recursos de educación superior, mantener los fondos concursables abiertos a todas las instituciones y revisar los efectos de los aranceles regulados.

Tras dos sesiones de discusión, la subcomisión rechazó el presupuesto de educación superior, decisión que obliga a continuar su revisión durante las siguientes etapas de la tramitación legislativa y abre un espacio de negociación con el Ejecutivo. (NP-ChatGPT-La Tercera)