Un informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU reveló que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cometieron graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela durante más de una década. La investigación de la ONU abarcó los abusos ocurridos en el país desde el año 2014.
El documento de 123 páginas, publicado este jueves, concluye que responsables del cuerpo de seguridad perpetraron y contribuyeron directamente a la comisión de privaciones arbitrarias de la vida y detenciones ilegales. También se detallan torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y hechos de violencia sexual o de género en manos de la GNB.
Estos crímenes fueron cometidos tanto durante los operativos de control de protestas sociales masivas como en acciones de persecución política selectiva. La misión, presidida por la portuguesa Marta Valiñas, concluyó que estos abusos se vieron facilitados por un prolongado entorno de impunidad dentro de la nación.
La misión investigadora explicó que el gobierno venezolano fusionó funciones militares y policiales mediante la guardia nacional, lo que legitimó la militarización de la seguridad ciudadana. Esto amplió considerablemente el papel del cuerpo en operaciones orientadas al control social y a la represión interna.
La centralización de la cadena de mando sin contrapesos facilitó estas acciones. La dirección recae en el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en su calidad de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El informe destaca una alta concentración de poder.
El informe estudia específicamente el papel de la GNB en la represión de diversas olas de protestas masivas, incluyendo las ocurridas en Venezuela en los años 2014, 2017, 2019 y 2024. Durante estos eventos, el cuerpo de seguridad ejerció un uso desproporcionado de la fuerza.
Dicho uso excesivo incluyó el empleo de armas, incluso algunas de carácter letal, que fueron disparadas de forma indebida por los efectivos. La misión investigadora halló motivos razonables para creer que los funcionarios dispararon armas de fuego de forma indiscriminada.
Los disparos se dirigieron directamente a zonas vitales de los cuerpos de las víctimas, según el informe. Además, la investigación denuncia posibles prácticas de modificación de proyectiles utilizados por la GNB con el propósito de infligir un mayor y más grave daño a los detenidos.
El estudio documentó detenciones arbitrarias, tanto masivas como selectivas, y violencia física grave durante los arrestos. Se registraron casos de siembra de evidencias, torturas, malos tratos e incluso violencia sexual dentro de las instalaciones utilizadas como centros de detención transitoria.
Valiñas destacó que no se trata de incidentes aislados, sino que estos abusos formaron parte de un patrón sistemático de maltrato. Este patrón fue utilizado específicamente para castigar, doblegar y someter a las víctimas de la represión militar.
El informe resaltó que la GNB fue determinante en la comisión del crimen de lesa humanidad de «persecución con motivos políticos». Según datos de la sociedad civil, fue la institución que ejecutó la mayor cantidad de detenciones con fines políticos en los años 2019 y 2020.
Además, desempeñó un papel crucial en la captura y criminalización de opositores políticos luego de las elecciones llevadas a cabo en 2024. La guardia nacional es señalada como un ejecutor clave en la represión contra voces disidentes en el país.
En vista de los indicios obtenidos, la misión considera que funcionarios de la GNB y altos mandos militares y políticos podrían ser penalmente responsables. Su responsabilidad podría ser invocada en virtud de los artículos 25 y 28 del Estatuto de Roma.
La Corte Penal Internacional (CPI) vela por el cumplimiento de este Estatuto. La misión tripartita de investigación de la ONU fue creada en septiembre de 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y publicó sus hallazgos este jueves. (NP-Gemini-Emol)
