La convocatoria a una misa programada para este lunes a las 13.00 horas en el Palacio de La Moneda, organizada por el Ministerio de Desarrollo Social para orar por las familias de Chile, reactivó el debate sobre el carácter laico del Estado. La invitación fue difundida por la cartera y se suma a otras ceremonias religiosas impulsadas por distintos ministerios, en el marco de una práctica instaurada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, que contempla misas matinales de martes a viernes en la sede del Ejecutivo.
La iniciativa generó cuestionamientos desde diversos sectores. El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, sostuvo que el problema no radica en la realización de ceremonias religiosas ni en la libertad de culto, sino en que una autoridad del Estado promueva oficialmente una actividad vinculada a una confesión determinada, lo que, a su juicio, vulnera el principio de neutralidad que debe resguardar un Estado laico.
En una columna publicada en El Mercurio, Peña afirmó que el Estado debe tratar con igual respeto a todas las creencias y abstenerse de favorecer o privilegiar cualquier religión. En ese contexto, señaló que un ministro o ministra, en el ejercicio de sus funciones, no debiera convocar a ceremonias religiosas, ya que ello excede el ámbito de sus responsabilidades públicas. Asimismo, precisó que la existencia de una capilla en La Moneda no representa un problema, pero sí que ese espacio sea utilizado para convocatorias oficiales de carácter confesional.
El académico añadió que las religiones mantienen su autonomía precisamente al no depender del respaldo del Estado y advirtió que mezclar las convicciones religiosas con la acción gubernamental puede desdibujar la separación entre ambos ámbitos y afectar el principio de igualdad que debe garantizar la institucionalidad pública.
Las declaraciones fueron respondidas por el presidente de Republicanos, senador Arturo Squella, quien afirmó que existe un error al atribuir la organización de la misa a la ministra de Desarrollo Social. Según explicó, la iniciativa corresponde a funcionarios de la cartera y la autoridad solo aceptó la invitación para participar.
Squella defendió que la asistencia o convocatoria de autoridades a ceremonias religiosas de carácter voluntario no vulnera la laicidad del Estado ni implica la adopción de una religión oficial. Sostuvo que el modelo chileno, vigente desde la separación entre la Iglesia y el Estado en 1925, garantiza la libertad religiosa y distingue las funciones de las autoridades civiles y las instituciones confesionales, sin excluir las expresiones de fe del espacio público.
El legislador agregó que impedir a una autoridad manifestar públicamente sus convicciones religiosas podría constituir una forma de discriminación por motivos de creencias. En esa línea, sostuvo que la Constitución asegura el libre ejercicio de los cultos y que la laicidad del Estado chileno no significa excluir la religión de la vida pública, sino garantizar que ninguna confesión sea impuesta o privilegiada por la autoridad. (NP-ChatGPT-Emol)