El Ministerio de Vivienda y Urbanismo rechazó las acusaciones contenidas en una querella presentada por la firma EP Social Arquitectura en el contexto de la reconstrucción del sector El Olivar, en Viña del Mar, tras el megaincendio de 2024. La acción judicial apuntaba a presuntos delitos como falsificación de instrumentos públicos, coacción y fraude al Fisco, involucrando directamente al ministro Iván Poduje.
Desde la cartera aseguraron que todas las decisiones adoptadas se han basado en criterios técnicos, normativa vigente y la obligación de resguardar tanto los recursos públicos como la seguridad de las familias afectadas. Asimismo, descartaron irregularidades en los informes emitidos por organismos técnicos regionales, señalando que eventuales errores administrativos deben ser revisados en las instancias correspondientes.
El ministerio también negó que exista coacción en sus actuaciones, afirmando que estas se enmarcan dentro de sus atribuciones legales. En esa línea, la subsecretaria Natalia Aguilar respaldó al titular de la cartera, indicando que el ejercicio de facultades públicas no constituye presión indebida y que las decisiones buscan garantizar estándares adecuados en las viviendas.
Por su parte, la abogada de la empresa querellante, Érika Maira, cuestionó la postura del ministro, señalando que ha insistido en la demolición de viviendas pese a informes técnicos que, según afirma, avalan su reforzamiento. Además, criticó la exclusión de la firma en otros proyectos habitacionales sin observaciones, algunos de ellos cercanos a su entrega.
La representante legal también destacó que tribunales habrían impedido el cobro de boletas de garantía en causas relacionadas, al no existir evidencia de incumplimientos contractuales. En ese contexto, sostuvo que continuarán con acciones judiciales para hacer valer lo que consideran derechos vulnerados y cuestionó la consistencia del ministerio al solicitar más plazo para informar a la Corte de Apelaciones de Valparaíso sobre decisiones ya adoptadas. (NP-ChatGPT-Emol)