La ministra de Salud, May Chomali, puso en duda uno de los casos más críticos contenidos en un informe de la Contraloría General de la República sobre los tiempos de espera en servicios de urgencia de hospitales de la Región Metropolitana, correspondiente al período comprendido entre enero de 2024 y mayo de 2025.

El antecedente cuestionado corresponde a un paciente clasificado como C1, categoría asignada a personas en riesgo vital y que requiere atención inmediata, que aparece en los registros con una espera superior a 73 horas antes de recibir su primera atención médica.

Chomali sostuvo que resulta difícil considerar plausible que una persona categorizada con riesgo vital haya permanecido durante más de tres días esperando atención. Entre las posibilidades que deberán investigarse mencionó eventuales errores de clasificación o inconsistencias en el registro de los tiempos.

La ministra señaló que los antecedentes están siendo examinados caso por caso para establecer si los períodos consignados corresponden efectivamente al tiempo transcurrido antes de la atención médica. Advirtió que la información registrada en los sistemas no necesariamente refleja con exactitud lo ocurrido clínicamente.

El informe de Contraloría identificó 634.587 registros en que la primera atención médica habría superado los estándares definidos para las respectivas categorías de priorización. De ese total, 2.417 correspondieron a pacientes C1; 140.620 a C2; 367.217 a C3, y 124.333 a C4.

La categorización resulta especialmente relevante en los primeros niveles de gravedad. Los pacientes C1 requieren atención inmediata, mientras que para quienes son clasificados como C2 el estándar establece un máximo de 30 minutos.

Junto con cuestionar la consistencia de determinados registros, Chomali reconoció que existen problemas efectivos de espera en los servicios de urgencia y apuntó a la disponibilidad de camas hospitalarias como uno de los factores que pueden contribuir a la congestión.

Según explicó, la falta de camas disponibles para hospitalización puede impedir el traslado de pacientes desde los servicios de emergencia y, como consecuencia, reducir la disponibilidad de boxes para recibir nuevos casos. Entre los factores mencionó la permanencia de pacientes sociosanitarios que continúan ocupando camas pese a que podrían requerir otro tipo de atención o cuidados.

La secretaria de Estado sostuvo que el problema debe abordarse integralmente, considerando tanto el funcionamiento de las urgencias como la gestión de camas y la continuidad de los cuidados. Respecto del caso de las 73 horas, aseguró que, si se confirma que un paciente C1 efectivamente permaneció ese tiempo esperando su primera atención, deberán adoptarse las medidas necesarias para corregir la situación.

La Subsecretaría de Redes Asistenciales también llamó a validar los antecedentes antes de interpretar los registros como demoras clínicas comprobadas. La repartición explicó que inconsistencias extremas podrían tener diferentes causas administrativas, como fichas clínicas que no fueron cerradas oportunamente.

El organismo precisó además que la información analizada corresponde al período entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de mayo de 2025. Pese a tratarse de antecedentes de la administración anterior, afirmó que las situaciones detectadas deben ser abordadas con urgencia por las actuales autoridades sanitarias.

Como parte de las medidas, la Subsecretaría anunció el envío de un oficio a los Servicios de Salud y hospitales de la Región Metropolitana para que revisen y validen la información. En aquellos casos donde se compruebe que una demora afectó la salud de pacientes, se deberán adoptar las medidas correspondientes y eventualmente iniciar procedimientos disciplinarios.

Los Servicios de Salud también deberán implementar acciones destinadas a disminuir las esperas en las unidades de emergencia y tendrán un plazo de 30 días para informar las medidas adoptadas, incluyendo metas verificables para las distintas categorías de priorización.

Paralelamente, el Ministerio de Salud reforzará la trazabilidad de los registros clínicos con el objetivo de que los sistemas consignen con mayor precisión el momento en que comienza efectivamente la atención. La revisión permitirá determinar qué parte de las demoras detectadas corresponde a problemas reales de atención y cuáles podrían explicarse por inconsistencias administrativas o de registro. (NP-ChatGPT-Emol)