El ministro de Justicia, Fernando Rabat, hizo un llamado a autoridades nacionales, regionales y locales a respaldar la construcción y ampliación de recintos penitenciarios, advirtiendo que el sistema carcelario enfrenta un déficit de infraestructura que requiere una respuesta conjunta para enfrentar la creciente sobrepoblación penal.

En declaraciones radiales, el secretario de Estado sostuvo que alcaldes, gobernadores, parlamentarios y la ciudadanía deben asumir el desafío como un problema de interés nacional, señalando que el país necesita ampliar significativamente su capacidad penitenciaria para responder a la demanda existente.

Rabat explicó que actualmente las cárceles presentan una ocupación cercana al 150% de su capacidad, situación que, según indicó, obliga a crear al menos 25.000 nuevas plazas para reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de funcionamiento del sistema.

El ministro formuló este llamado luego de participar en la presentación del Plan de Infraestructura Penitenciaria, actividad realizada junto al subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, y representantes de empresas concesionarias. La iniciativa contempla una cartera de proyectos que considera la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios y la ampliación o relicitación de recintos ya existentes en distintas regiones del país.

El programa contempla una inversión estimada superior a 63 millones de unidades de fomento (UF) y considera la construcción de cinco nuevos establecimientos penitenciarios, además de proyectos destinados a modernizar la infraestructura actual y aumentar la capacidad del sistema.

Durante el encuentro, las autoridades señalaron que uno de los principales objetivos del plan es mejorar la segmentación de las personas privadas de libertad, fortaleciendo las condiciones de seguridad y facilitando una gestión más eficiente de los recintos penales.

Rabat destacó además que el desarrollo de la infraestructura penitenciaria se impulsará mediante el sistema de concesiones, incorporando estándares orientados a optimizar la atención en áreas como salud, alimentación, mantención y programas de reinserción social. En ese contexto, valoró el convenio suscrito entre el Ministerio de Justicia e InvestChile para promover estos proyectos entre inversionistas nacionales e internacionales.

Por su parte, el subsecretario de Obras Públicas explicó que el modelo considera contratos de concesión por 20 años, mecanismos de fiscalización e incentivos destinados a reducir los tiempos de construcción, junto con el uso de diseños estandarizados y sistemas de construcción industrializada.

La cartera de proyectos incluye nuevos recintos penitenciarios en Calama, Calama II “El Desierto”, Talca II “Maule”, Los Ángeles y la Región de Arica y Parinacota, además de ampliaciones y procesos de relicitación en otras unidades penales del país.

El Gobierno sostiene que el fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria constituye una de las principales herramientas para enfrentar el aumento de la población penal, reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de seguridad tanto al interior de los establecimientos como en el sistema de justicia en su conjunto.