El ministro de Defensa, Fernando Barros, planteó la conveniencia de que Chile abandone el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al considerar que algunas de sus disposiciones generan diferencias entre los ciudadanos y pueden contribuir a conflictos internos.
En entrevista con DF MAS, el secretario de Estado sostuvo que Chile es una nación única y vinculó su cuestionamiento al convenio con el debate sobre la plurinacionalidad. A su juicio, pese a que ese concepto fue rechazado en el proceso constitucional, persisten normas que establecen tratamientos diferenciados según el origen étnico de las personas.
Barros cuestionó además que el Convenio 169 haya sido ratificado por un número limitado de países y afirmó que su aplicación en Chile habría introducido divisiones entre los ciudadanos. Según el ministro, esas diferencias pueden transformarse en factores de tensión y eventualmente constituir una preocupación desde el punto de vista de la defensa nacional.
El titular de Defensa extendió sus críticas a otras disposiciones, entre ellas la Ley Lafkenche. A su juicio, determinadas normas construidas sobre distinciones asociadas al origen de las personas pueden favorecer escenarios de división y convertirse en un elemento de riesgo para el país.
Consultado específicamente sobre si considera que estas materias pueden representar una amenaza relacionada con la defensa, Barros respondió afirmativamente. Argumentó que la percepción de que algunas personas reciben un tratamiento diferente debido a su origen étnico puede generar divisiones sociales y que estas, a su vez, pueden favorecer situaciones de crisis.
El ministro también cuestionó el mecanismo de consulta indígena contemplado en el Convenio 169. En particular, planteó reparos respecto de que determinados ciudadanos sean consultados de manera diferenciada ante proyectos de infraestructura, iniciativas industriales u otras decisiones que puedan afectar a una comunidad.
Respecto de la posibilidad jurídica de abandonar el tratado internacional, Barros afirmó que existen mecanismos para hacerlo y señaló que Chile debería analizar a largo plazo la revisión de legislaciones que, según su postura, establecen diferencias entre las personas.
El secretario de Estado precisó que se trata de una opinión formulada desde la perspectiva de Defensa y reconoció que una eventual decisión sobre el Convenio 169 involucraría también a otros ministerios y organismos del Estado.
El Convenio 169 de la OIT establece estándares internacionales relativos a los derechos de los pueblos indígenas y tribales, incluyendo mecanismos de consulta respecto de medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente. Chile ratificó este instrumento internacional en 2008 y se encuentra vigente en el país desde 2009. (NP-ChatGPT-Emol-DF)