El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, reconoció que la controversia generada por la reforma constitucional impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast dejó lecciones sobre la necesidad de mejorar la coordinación legislativa. Sin embargo, defendió los resultados de su gestión, destacó una disminución en distintos indicadores delictuales y sostuvo que las expectativas ciudadanas sobre el desempeño de una administración de derecha en materia de seguridad son especialmente elevadas.

La iniciativa, que contempla nuevas herramientas para enfrentar el crimen organizado y la creación de un estado de excepción aplicable a determinados territorios, ha enfrentado cuestionamientos de parlamentarios oficialistas y opositores. Pese a las dificultades para conseguir los apoyos necesarios, Arrau evitó confirmar si el Ejecutivo retirará el proyecto y aseguró que continuará buscando acuerdos en el Congreso.

El secretario de Estado explicó que el Gobierno está dispuesto a modificar el contenido de la propuesta, siempre que se mantengan sus objetivos centrales. Entre las medidas que considera prioritarias mencionó la creación de un registro de organizaciones criminales, el fortalecimiento de las atribuciones de Gendarmería para la segregación penitenciaria y la revisión de los actuales mecanismos constitucionales para enfrentar situaciones excepcionales de seguridad.

Según argumentó, la inexistencia de un listado oficial de organizaciones criminales obliga actualmente a acreditar judicialmente tanto la pertenencia de los imputados como la existencia de las agrupaciones investigadas, lo que, a su juicio, introduce dificultades e incertidumbre en los procesos penales.

Respecto de las críticas por la presentación de una reforma que no consiguió suficiente respaldo político, Arrau reconoció que el Ejecutivo debió desarrollar un trabajo previo más intenso con los parlamentarios. “La principal debe ser hacer un trabajo prelegislativo más intenso”, afirmó al referirse a las lecciones de la controversia, aunque evitó profundizar en otros aspectos que considera necesario corregir.

El ministro también rechazó que la discusión constitucional haya paralizado la agenda de seguridad. Aseguró que su cartera mantiene cerca de 30 proyectos en tramitación y destacó los avances de iniciativas destinadas a fortalecer la persecución penal y ampliar las facultades de las instituciones encargadas del orden público.

Entre los resultados legislativos mencionó la aprobación de la denominada ley antipelotazos, que contempla modificaciones relacionadas con la flagrancia y amplía de 12 a 24 horas el período considerado para determinadas actuaciones policiales. A su juicio, estos avances demuestran que existe una disposición transversal para abordar los problemas de seguridad, pese a las diferencias sobre iniciativas específicas.

Arrau descartó, además, que la participación del ministro Fernando Rabat en las conversaciones sobre la reforma refleje una pérdida de protagonismo de su cartera. Según explicó, ambos ministerios mantienen una coordinación permanente y las distintas autoridades intervienen en el debate legislativo de acuerdo con sus responsabilidades.

En cuanto a los resultados de seguridad, el secretario de Estado sostuvo que las cifras disponibles muestran avances importantes durante los primeros meses de la administración. De acuerdo con los antecedentes que presentó, los casos policiales asociados a homicidios registran una disminución del 14% respecto del año anterior, mientras que los ingresos clandestinos habrían caído un 86% y los decomisos de drogas aumentado un 60%.

También aseguró que determinados delitos violentos, entre ellos los robos de vehículos, presentan reducciones cercanas al 18% y 20%. Estas cifras fueron expuestas por el ministro como parte de su evaluación de la gestión gubernamental, aunque no detalló en la entrevista las bases estadísticas ni los períodos específicos utilizados para todas las comparaciones.

Frente a las críticas por la percepción ciudadana sobre el desempeño del Ejecutivo, Arrau argumentó que los cambios en seguridad requieren tiempo para reflejarse en la experiencia cotidiana de las personas. Asimismo, sostuvo que algunos estudios de opinión muestran una disminución en el porcentaje de ciudadanos que anticipan un aumento de la delincuencia, indicador que, según afirmó, habría descendido desde niveles históricos de entre 70% y 80% hasta aproximadamente un 40%.

El ministro atribuyó parte de las dificultades a la gravedad alcanzada por el crimen organizado y al incremento de la violencia durante los últimos años. En ese contexto, cuestionó la gestión del gobierno del expresidente Gabriel Boric y recordó que 2022 registró uno de los niveles más altos de homicidios del período reciente.

No obstante, reconoció que las cifras comenzaron a disminuir durante la administración anterior y que las políticas de seguridad requieren continuidad entre gobiernos. En ese sentido, destacó que una de sus primeras decisiones fue mantener aspectos de la estrategia heredada, en lugar de impulsar una transformación completa de las políticas existentes.

Arrau sostuvo que el Gobierno busca fortalecer la autoridad del Estado, respaldar el trabajo de las policías y aumentar la presencia institucional en los territorios afectados por la delincuencia. Como parte de esa estrategia, mencionó la identificación de 50 polígonos críticos, donde se pretende concentrar esfuerzos para enfrentar el narcotráfico, los delitos violentos y otras manifestaciones del crimen organizado.

Respecto de las expectativas que generó la campaña presidencial de Kast, el secretario de Estado reconoció que los gobiernos de derecha suelen enfrentar mayores exigencias en seguridad, orden público y crecimiento económico. Sin embargo, consideró legítima esa presión y afirmó que la preocupación de los habitantes de sectores afectados por la violencia exige respuestas permanentes.

En materia política, Arrau manifestó disposición a establecer acuerdos con todas las fuerzas representadas en el Congreso, incluido el Frente Amplio y el Partido Comunista, aunque cuestionó la resistencia que, según su evaluación, han mostrado algunos sectores frente a determinadas propuestas del Ejecutivo.

El ministro valoró la posibilidad de establecer una mesa de trabajo sobre seguridad y defendió las reuniones del Presidente Kast con parlamentarios opositores. A su juicio, la gravedad de los hechos de violencia, como el ataque que provocó la muerte del suboficial Aguilera, obliga a superar las diferencias partidarias y construir consensos para enfrentar la delincuencia.

También respondió a los cuestionamientos sobre su relación con el Congreso y rechazó que exista una actitud de desinterés hacia el trabajo parlamentario. Explicó que sus declaraciones sobre la conveniencia de reducir el tiempo dedicado a determinadas actividades legislativas apuntaban a mejorar la eficiencia de la gestión y no a restar importancia al diálogo con los legisladores.

Pese a las críticas recibidas, Arrau insistió en que la agenda de seguridad continúa avanzando y que los resultados deben evaluarse considerando tanto la evolución de los delitos como el fortalecimiento de las capacidades institucionales.

La continuidad de la reforma constitucional permanece, sin embargo, como uno de los principales desafíos políticos del ministerio. La búsqueda de acuerdos parlamentarios y la necesidad de mejorar la percepción ciudadana sobre la seguridad serán factores determinantes para evaluar la capacidad del Gobierno de consolidar los avances que reivindica y responder a las expectativas generadas durante la campaña presidencial. (NP-ChatGPT-La Tercera)