La ministra de Salud, May Chomali, encabezó este miércoles su primera Cuenta Pública Participativa al frente del Ministerio de Salud (Minsal), instancia en la que presentó los principales avances de la cartera, pero también advirtió sobre el complejo escenario financiero que enfrenta la red pública de salud y la necesidad de implementar medidas orientadas a garantizar su sostenibilidad.

La actividad se realizó en el Hospital San Juan de Dios y estuvo marcada por un diagnóstico sobre el estado del sistema sanitario, acompañado de una hoja de ruta que contempla mejoras en la gestión, fortalecimiento de la atención y un uso más eficiente de los recursos públicos.

Durante su exposición, la secretaria de Estado destacó iniciativas como la implementación de la Alerta Oncológica, el fortalecimiento de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast) y la eliminación del cobro del 7% que ese organismo aplicaba a los municipios por la intermediación en la compra de medicamentos. Asimismo, resaltó el desarrollo de políticas dirigidas a la población adulta mayor, la creación de la Oficina de Inteligencia de Datos para optimizar el análisis de información sanitaria y el impulso de la agenda estratégica “Responder mejor a las personas 2026-2030”.

No obstante, uno de los principales énfasis de la cuenta pública estuvo puesto en la situación financiera del sector. Chomali señaló que durante los últimos años el gasto efectivo en salud ha crecido de manera sostenida por sobre los recursos contemplados en la Ley de Presupuestos, generando un déficit estructural que, a su juicio, compromete la capacidad de operación del sistema público.

Según los antecedentes entregados por el Ministerio de Salud, la deuda flotante del sector supera los $240.500 millones, mientras que la deuda de arrastre alcanza aproximadamente los $565.000 millones. A ello se suma que durante 2025 el gasto efectivo excedió en $2,7 billones el presupuesto aprobado y que, pese al incremento de recursos contemplado para 2026, se proyecta un sobregasto cercano a $2,5 billones, equivalente al 14,7% del presupuesto vigente.

La ministra sostuvo que recuperar el equilibrio financiero constituye una condición indispensable para asegurar la continuidad y calidad de las prestaciones, enfatizando que el desafío no pasa únicamente por aumentar el financiamiento, sino también por fortalecer la gestión institucional y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos disponibles.

En ese contexto, también expuso las principales brechas asistenciales que enfrenta la red pública. Entre ellas mencionó la existencia de 82.881 garantías GES retrasadas, con un promedio de 127 días de espera, además de las diferencias territoriales en el acceso a prestaciones hospitalarias y a camas disponibles, situación que continúa afectando la oportunidad de atención de los pacientes según la zona del país en que residen.

Otro de los factores identificados como prioritarios corresponde al fortalecimiento de los mecanismos de control interno. La ministra indicó que el ministerio concentrará sus esfuerzos en reducir el uso indebido de licencias médicas, mejorar los procesos de compras públicas y disminuir el uso de tratos directos, reducir las pérdidas de medicamentos, optimizar el control de horas extraordinarias y agilizar la tramitación de los sumarios administrativos.

Como parte de la estrategia institucional, el Ministerio de Salud definió seis desafíos para los próximos años: responder de mejor manera a las expectativas de la ciudadanía, avanzar hacia una mayor sostenibilidad financiera, reducir las brechas de desempeño entre establecimientos y territorios, fortalecer la gobernanza del sistema, mejorar los sistemas de información para la toma de decisiones y reforzar la disciplina en la administración de los recursos públicos.

La Cuenta Pública Participativa constituyó la primera presentación oficial de la ministra May Chomali desde que asumió la conducción de la cartera y delineó las principales prioridades que orientarán la gestión del Ministerio de Salud en el período 2026-2030, con foco en el fortalecimiento de la red pública, la eficiencia financiera y la mejora de la calidad de atención para los usuarios.