La ministra de Salud, May Chomali, manifestó su preocupación por la propuesta del Gobierno que busca obligar a instituciones públicas y privadas de salud y educación a entregar información sobre migrantes en situación irregular.
La iniciativa fue presentada por el Ministerio del Interior mediante una indicación al proyecto que perfecciona el procedimiento de expulsiones administrativas. El texto establece que organismos del Estado, instituciones previsionales, establecimientos de salud y centros educacionales deberán proporcionar antecedentes personales de extranjeros que estén siendo objeto de procedimientos migratorios.
En declaraciones a Radio 13c, la secretaria de Estado sostuvo que el Ministerio de Salud no puede compartir información obtenida en el contexto de una atención médica, ya que esos datos se encuentran protegidos por el Código Sanitario y por la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes.
Chomali afirmó que la cartera defenderá estrictamente ese marco legal y recalcó que no es posible negar atención de salud a una persona por su situación migratoria, ya que ello podría poner en riesgo tanto al paciente como a la población en general.
La ministra señaló que esta postura ya ha sido planteada en instancias internas del Gobierno y adelantó que el contenido de la indicación será revisado para evaluar su compatibilidad con la legislación vigente y con las políticas sanitarias.
Como ejemplo, relató el caso de un migrante diagnosticado con tuberculosis en el valle de Azapa, en la Región de Arica y Parinacota, cuyo tratamiento fue considerado fundamental para evitar nuevos contagios.
La autoridad concluyó que la protección de la salud pública y el respeto a la confidencialidad médica son principios que el Ministerio de Salud no está dispuesto a transar. (NP-ChaGPT-Emol)