El proyecto de ley ingresado este martes a la Cámara de Diputados por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast revela una de las piezas clave para el financiamiento de las ayudas sociales: la suspensión transitoria del crédito diferenciado al impuesto específico al diésel para empresas no transportistas. Esta medida, que busca recaudar cerca de $124.463 millones (US$136 millones), impactará principalmente al sector minero y, en menor grado, al industrial.

La iniciativa propone que las empresas no vinculadas al transporte, que hoy recuperan el 100% de este impuesto, pasen a un régimen similar al de los transportistas, recuperando solo un 31% aproximadamente. Según expertos como Michèle Labbé (USS) y Jorge Hermann (U. de Chile), la medida busca sincerar el uso de los recursos en un contexto de “emergencia energética internacional” y estrechez fiscal. El impacto en las cuentas de luz sería marginal, dado que las termoeléctricas a diésel representan apenas el 0,16% de la generación nacional.

VISIONES ENCONTRADAS ANTE APUESTA FISCAL

Desde el ámbito académico, la directora de la Escuela de Gobierno de la PUC, Andrea Repetto, calificó la decisión del Ejecutivo como una “apuesta” arriesgada. En conversación con Radio Pauta, la economista advirtió que el Gobierno se enfrenta a un dilema político mayor: si la guerra entre Irán y Estados Unidos es breve, el costo político de haber limitado el Mepco será muy alto. Repetto subrayó que el Estado debe convencer a la ciudadanía de por qué no puede protegerla esta vez, especialmente cuando paralelamente se impulsa una rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%.

En el flanco político, el líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, defendió la postura de La Moneda a través de un video en sus redes sociales. Kaiser acusó a la oposición de “sabotaje” y de haber dejado el Estado “arruinado” y “sin dinero”. El exaspirante presidencial sostuvo que ningún gobierno subiría los precios voluntariamente si tuviera otra alternativa, e instó a sus seguidores a no dejarse engañar por quienes critican la medida de “mala fe”.

  • Recaudación estimada: $124.463.000.000
  • Sector más afectado: Minería de gran escala.
  • Duración propuesta: Seis meses o mientras dure la contingencia.