El Ministerio de Educación actualizó sus lineamientos programáticos para el período 2026-2030, marcando un giro en las prioridades de la cartera encabezada por María Paz Arzola respecto de la administración anterior liderada por Nicolás Cataldo.

Los nuevos objetivos estratégicos, disponibles en la plataforma de Acceso Restringido de la Dirección de Presupuestos (Dipres), incorporan conceptos como “libertad de elección y fin de la tómbola”, “mérito y calidad en la admisión”, “autonomía y liderazgo escolar” y “tolerancia cero” en convivencia y seguridad escolar.

Las definiciones forman parte del Programa de Mejoramiento de Gestión y constituyen la hoja de ruta institucional que orientará las políticas educativas y permitirá monitorear y evaluar el cumplimiento de metas del ministerio.

Entre los cambios más relevantes aparece la intención del Gobierno de modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE). Según los documentos programáticos, el objetivo es garantizar a las familias mayor libertad para elegir proyectos educativos y eliminar barreras burocráticas en los procesos de admisión.

En paralelo, el Ejecutivo busca fortalecer mecanismos que reconozcan el mérito académico y permitan ampliar el acceso a establecimientos de alto rendimiento mediante criterios asociados al esfuerzo y capacidades de los estudiantes.

La nueva estrategia también enfatiza la autonomía de los proyectos educativos, promoviendo una oferta escolar más diversa y menos centralizada, en línea con los planteamientos impulsados durante la campaña presidencial de José Antonio Kast.

Otro de los ejes prioritarios será la seguridad escolar. Bajo el concepto de “tolerancia cero”, el ministerio plantea asegurar entornos educativos libres de violencia mediante mecanismos de sanción más estrictos y estándares claros de convivencia.

La cartera además incorporó compromisos vinculados a la expansión de la educación inicial y sala cuna universal, un Plan Nacional de Alfabetización y Aprendizaje, medidas de desburocratización administrativa y reformas al financiamiento de la educación superior y técnico-profesional.

Las nuevas definiciones han generado inquietud en algunos organismos del sistema educativo, especialmente en los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), que deberán compatibilizar estos lineamientos con estrategias y normativas vigentes impulsadas en administraciones anteriores. (NP-ChatGPT-La Tercera)